Una nueva investigación reveló que Morena, durante la gestión de Mario Delgado, habría operado una red de financiamiento, utilizando la infraestructura de Financiera para el Bienestar (Finabien), para dispersar más de 252 mil pagos de “apoyos sociales” en todo el país mediante un convenio que permaneció vigente hasta después de la elección presidencial de 2024.
De acuerdo con documentos oficiales obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), tal esquema habría implicado un desembolso millonario y alertan por una presunta ilegalidad, debido a que ni las leyes electorales mexicanas ni los estatutos internos de Morena facultan a los partidos políticos para repartir “apoyos sociales”.
Según los informes revisados, Morena ocultó el contrato al INE pues en los documentos de rendición de cuentas del periodo 2022-2024 entregados al órgano electoral, el medio habría constatado que el partido jamás reportó el acuerdo con Finabien, ni especificó de qué partida presupuestal salieron los recursos.
Millones en comisiones y opacidad en los montos
La investigación detalla que Morena contrató 252 mil 901 operaciones para la dispersión de apoyos y pagó 3 millones 520 mil pesos únicamente por concepto de comisiones.
Sin embargo, una auditoría a Finabien en 2025 detectó que de los giros contratados, solo se efectuaron 140 mil 878 operaciones, por lo que se reintegraron a Morena 1.6 millones de pesos que ya había pagado.
Entre los hallazgos de la auditoría realizada en Finabien se menciona que el contrato con Morena presentó observaciones relacionadas con el cobro de comisiones y con el cumplimiento de disposiciones previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
El documento también refiere que desde enero de 2023 se realizaron observaciones sobre aspectos normativos y de seguridad para operaciones financieras relacionados con el contrato, las cuales seguían bajo observación al momento de la revisión.
Expertos advierten posible ilegalidad
Especialistas consultados para la investigación señalaron que la dispersión de “apoyos sociales” no forma parte de las atribuciones legales de los partidos políticos, por lo que este tipo de operaciones podría contravenir la legislación electoral vigente.
Uno de los expertos consultados explicó que este tipo de transferencias podrían corresponder al pago de representantes de casilla u otros gastos operativos relacionados con procesos electorales, aunque advirtió que esos movimientos deben ser reportados ante la autoridad electoral.
De acuerdo con la auditoría, el convenio entre Morena y Finabien permaneció activo hasta después de la elección federal de 2024 y quedó bajo observación por presuntas irregularidades en el cobro de comisiones, reintegros de recursos y diversos aspectos administrativos relacionados con su operación.
MCCI informó que solicitó información a Morena, sin embargo, al cierre del reportaje no recibió respuesta.
Fuente: Político mx
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