Ciudad de México, 22 de julio de 2026.- Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia en 2018 impulsado por el descontento ciudadano frente a los escándalos de corrupción que marcaron a los gobiernos del PRI y del PAN. Con el lema de que en Morena “no son iguales”, prometió erradicar la corrupción, combatir la impunidad y transformar la vida pública del país.
No obstante, con el paso de los años, diversos integrantes de Morena, colaboradores cercanos e incluso familiares del expresidente han sido objeto de señalamientos, denuncias e investigaciones periodísticas por presuntos actos de corrupción, vínculos con el crimen organizado y otras irregularidades.
En los meses recientes, el caso que más ha llamado la atención es el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien enfrenta una solicitud de extradición por parte de autoridades estadounidenses por presuntos nexos con el narcotráfico, además de otros expedientes y denuncias que involucran a personajes de la Cuarta Transformación.
Pese a ello, la dirigencia de Morena y el Gobierno federal han defendido a varios de sus cuadros al sostener que las acusaciones carecen de sustento o responden a intereses políticos.
Al mismo tiempo, la oposición ha denunciado que las autoridades han concentrado sus acciones e investigaciones en políticos de partidos adversarios, como ocurrió recientemente con el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, mientras que los señalamientos contra figuras del oficialismo avanzan con mayor lentitud o no derivan, hasta ahora, en procesos penales o detenciones, lo que ha alimentado el debate sobre un posible trato diferenciado en la aplicación de la justicia.
García Cabeza de Vaca
El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, es uno de los panistas que ha estado en la mira de los gobiernos de Morena. Es investigado por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y uso ilícito de atribuciones y facultades ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Su caso volvió a los reflectores luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera recordó que se encuentra prófugo de la justicia viviendo en Estados Unidos al contar con doble nacionalidad, pues tiene pendientes órdenes de aprehensión.
“Es un hombre que está siendo buscado por la ley”, afirmó la presidenta, lo que despertó el enojo de Cabeza de Vaca. A través de un mensaje en redes sociales rechazó que estuviera prófugo al no haber acceso total a la justicia y en realidad era un perseguido político.
Aseguró que se volvió incómodo para el régimen por denunciar en el 2019 una red de huachicol de grandes proporciones en donde participaron funcionarios federales y morenistas, pero que AMLO lo ignoró y comenzó a perseguirlo.
En cambio, dijo que hacen uso de su nombre para “desviar la atención de los graves señalamientos de Estados Unidos en contra de los narcogobernadores de Morena”, refiriéndose al caso del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
Este fue acusado por el gobierno de EUA, junto con otros funcionarios locales y el senador Enrique Inzunza, de tener nexos con el Cártel de Sinaloa. Por este motivo solicitaron su detención, pero al momento el gobierno de México señaló que necesitaba pruebas en su contra y se ha dicho que podría volver al gobierno a finales de este mes.
Maru Campos y la CIA
El 21 de abril se reportó la muerte de 5 personas en la sierra Tarahumara en un accidente automovilístico. Dos de estos eran agentes estadounidenses integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) los cuales habrían participado en un operativo en el que se aseguró un narcolaboratorio.
Para el gobierno mexicano llamó la atención la presencia de los agentes, pues su participación no había sido informada ni se había llevado a cabo de la forma en la que establece la ley y pronto la atención recayó en la gobernadora panista Maru Campos.
Los morenistas reaccionaron rápido: solicitaron una comparecencia en el Congreso Local y planteaban llevar a cabo un juicio político al acusarla de traición. Inclusive fue a la FGR el 27 de mayo para testificar sobre el asunto.
Por su parte, la gobernadora declaró desconocer de la participación de los agentes no solo en el operativo, sino en el estado: “Una servidora no gestionó, no autorizó y tampoco sabía ni tenía conocimiento de que había agentes norteamericanos en suelo chihuahuense (…) en cualquier resquicio de superficie del estado de Chihuahua”, señaló.
Aunque la presidenta declaró el pasado 24 de junio que no hay pruebas que señalen que la panista colabore con autoridades norteamericanas, el PAN acusó al Gobierno federal de utilizar el caso con fines políticos y de actuar con mayor rapidez contra la mandataria chihuahuense que frente a otros expedientes relacionados con figuras del oficialismo, como el del exgobernador de Sinaloa, Rocha Moya.
A las voces se sumó la propia gobernadora de Chihuahua: “Que nadie se equivoque, los verdaderos traidores a México son quienes pactaron con el crimen y protegen a los señalados por la justicia estadounidense (…) Rocha Moya que sigue impune”, señaló en un pronunciamiento en redes sociales.
Ernesto Ruffo y el huachicol fiscal
Aunque no lo inició Morena, el huachicol fiscal ha sido uno de los temas a los que varios de sus miembros han sido ligados.
El 2025 fue el año que la nueva administración mostró que este sigue vigente. En julio se llevó a cabo un mega decomiso que destapó una red de huachicol fiscal en el que estaban implicados altos mandos de la Marina, funcionarios aduanales y empresarios que operaban para importar combustible de forma ilegal.
Ahora el exgobernador del PAN, Ernesto Ruffo, se ha visto envuelto en este delito por el que fue detenido el pasado 16 de julio al ser parte de la empresa Ingemar que de acuerdo con la FGR, se encargaba de importar combustible registrando una menor cantidad y luego era distribuido a varias partes del país en pipas y tractocamiones pertenecientes a las empresas.
La detención causó revuelo, pues Ruffo perteneció al PAN y es consejero del partido Somos México, quienes vieron en la detención un acto arbitrario e ilegal.
Y aunque en el pasado fue ligado al narcotráfico por el mismo Felipe Calderón, pidieron su libertad y que se respete el debido proceso.
Sin embargo, los hechos ocurrieron en medio de la polémica en la que se vio envuelta la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, luego de que el periodista Héctor de Mauleón difundió un audio en el que se le escucha hablando con supuestos representantes de EUA sobre el tema de su visa y en el que estaría negociando entregar información del gobierno.
El hecho fue desmentido por la propia gobernadora, quien también declaró que se trató de una trampa de su antecesor Jaime Bonilla, con quien sostiene una ríspida relación.
Tanto el PAN como Somos México reclamaron que la detención de Ruffo Appel fue una “cortina de humo” y una muestra de una justicia selectiva: “actúen con absoluta transparencia y demuestren que la procuración de justicia no responde a intereses políticos ni a tratamientos diferenciados”, señaló el PAN en un comunicado.
Fuente: Político mx
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