El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, planteó cinco retos operativos y jurisdiccionales para las autoridades electorales ante el proceso electoral de 2027.
Los cinco puntos planteados por el magistrado presidente comprenden llegar con preparación al proceso, reducir las barreras para el ejercicio de los derechos políticos, responder a las transformaciones de la conversación pública, examinar los efectos electorales derivados de la violencia y ofrecer respuestas específicas a cada conflicto.
Durante su participación en el Primer Congreso Nacional de Derecho Electoral celebrado en Saltillo, Bátiz García expuso que para el proceso de 2027 se prevén controversias, conflictos y decisiones difíciles.
Ante ello, indicó que los organismos electorales deben prepararse para garantizar que la ciudadanía disponga de vías expeditas para defender sus derechos político-electorales durante la contienda.
“Que sean el voto y el derecho, y nunca el ejercicio de la fuerza, los que ordenen frente a nuestras responsabilidades y, de cara con el centro a la ciudadanía siempre, que ordenen una disputa democrática”, sostuvo Bátiz García.
El presidente de la Sala Superior del TEPJF señaló que, para las autoridades electorales, la existencia de conflictos tiene que ser la vocación de su quehacer, ya que la existencia de conflictos les permite la oportunidad de generar certeza, la cual no debe de significar la ausencia de los conflictos porque en una sociedad libre deberán existir desacuerdos sobre las propias reglas.
Importante es cuando se generen estos desacuerdos y sobre todo en qué momento de la contienda se estén generando los propios acuerdos, pero no solamente que tenga que existir desacuerdos sobre las reglas dadas para el inicio de un propio proceso.
“Para nosotros, la certeza tiene que ser comprendida como que estas diferencias, en sus distintos matices, en sus distintas oportunidades o en sus distintos momentos, puedan encontrar los causes institucionales”, precisó.
Atención a grupos en situación de vulnerabilidad
Bátiz García informó que, de enero de 2025 a agosto de 2026, la Sala Superior del TEPJF resolvió 15 mil 711 medios de impugnación vinculados con grupos en situación de vulnerabilidad.
El magistrado presidente detalló que estas resoluciones incluyeron asuntos referentes a pueblos y comunidades indígenas, temas de género, violencia política, diversidad sexual, discapacidades, juventudes, personas afromexicanas y población migrante.
“El Tribunal Electoral, los tribunales electorales, las entidades electorales, no sólo somos instituciones políticas; tenemos la capacidad, la oportunidad de ser instituciones que protegen el ejercicio de los derechos en condiciones de participación profundamente desiguales”, sostuvo.
Por ello, el magistrado presidente de la Sala Superior enfatizó que los cinco retos que puso en perspectiva en su exposición convergen en una sola responsabilidad común para las autoridades electorales del país: mantener el conflicto democrático en los cauces de la institucionalidad, en los cauces que ofrece el Derecho.
“Esto lo tienen que saber los justiciables, lo tienen que saber los actores políticos, lo deben tener entendido como una de sus propias garantías. Es la narrativa que necesita el propio sistema”, puntualizó.
Fuente: Políticomx
