Diana García
CHETUMAL, Quintana Roo,23 de Mayo. –La denuncia de un fraude de 4.5 millones de pesos por la compra venta de terrenos en Calderitas, destapó una red de despojos en Bacalar, Cozumel, Tulum, Cancún y Mahahal, operada por sujetos que aseguran cuentan con documentos autorizados por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano del Gobierno Federal, un golpe que vulnera la atracción de inversionistas a Quintana Roo.
En conferencia de prensa, representados por el presidente del Colegio de Abogados de Cancún, Jesús Contreras, los empresarios Juan Cortés y Jessica Urias, originarios de la Ciudad de México, denunciaron ser víctimas de un fraude que supera los 4.5 millones de pesos, y aunque presentaron denuncias formales en septiembre de 2024 ante la Fiscalía General de Quintana Roo, las carpetas de investigación 5351/2024 y 5352/2024 no avanzan.
Los inversionistas fueron timados al comprar dos predios de Calderitas ubicados entre los kilómetros 4.0 y 4.5 de la carretera Calderitas-Oxtankah, para desarrollar un proyecto turístico. Pero, cuando iniciaron las obras, “aparecieron los auténticos propietarios”.
“Fui víctima de este fraude, ellos presentan documentos sellados por Sedatu, y nos llevaron con el notario 109 de Chetumal, firmamos el contrato de enajenación y ahí hicimos la operación con transferencia. Nos dieron confianza, por el notario. Pero, después aparecieron los dueños y nosotros decidimos actuar legalmente. Pero, no vemos avances en las carpetas de investigación. Pedimos la ayuda de la gobernadora”, explicó.
Añadió que desde entonces la carpeta de investigación en la Fiscalía simplemente está congelada.
“Compramos a mediados de julio, y la denuncia fue en septiembre de 2024. Desde entonces cada que venimos, nos dan largas, y siempre hay retrasos. Nosotros queríamos tener un proyecto turístico con albercas y bungalós, generar recursos en la misma comunidad”, indicó.
De acuerdo con el abogado Jesús Contreras, el caso se suma a un listado que supera 10 víctimas defraudadas en Cozumel, Cancún, Bacalar, Mahahual, y Tulum, que suman más de 100 millones de dólares, ya que los predios son de alta plusvalía.
“Hemos tenido incluso que acudir a juzgados federales, mediante amparos porque el Estado, no nos ha dado resultados. De estos casos te puedo decir 10 de entre 2024- 2025, en terrenos con precios de oferta, pero de alto valor. Los estafadores dicen que cuentan con apoyo de Sedatu. Les otorgan estos documentos de enajenación y con eso, defraudan”, explicó.
Señalaron como presuntos responsables Leonardo Álvarez Campusano, Emanuel y Eduardo Sarsosa, de integrar y encabezar la red de estafadores, en complicidad con la Notaría 109 de Chetumal, y una abogada de Sedatu de quién omitieron su nombre.
Los agraviados pidieron la intervención directa de la gobernadora Mara Lezama y del Fiscal General, Raciel López Salazar, ante la lentitud del proceso, pero además porque los presuntos estafadores, continúan operando en los destinos turísticos de Quintana Roo con total cinismo, libertad e impunidad. Además de que han recibido amenazas directas en su contra por parte de los estafadores para no continuar con las denuncias.
