PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo, 21 de Junio. –Vecinos del fraccionamiento Marsella III alertaron este fin de semana sobre la reanudación de trabajos con maquinaria pesada en un predio previamente clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Se trata del proyecto habitacional Marsella IV, desarrollado por la empresa Promotora Residencial, que violó abiertamente los sellos de clausura colocados por la autoridad ambiental federal.
La intervención de Profepa ocurrió el pasado miércoles, luego de que el colectivo Cenotes Urbanos, encabezado por el espeleólogo y biólogo Roberto Rojo, documentara la destrucción de flora y fauna protegidas, así como irregularidades graves en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la desarrolladora. Según el documento oficial, en el predio afectado solo existían cinco especies silvestres; sin embargo, el colectivo científico identificó más de 200, incluyendo especies en riesgo como la anguila ciega.
Impunidad ambiental a plena luz del día
A pesar de la clausura, la maquinaria regresó al sitio y continuó con la tala de selva, ignorando la intervención federal y dejando en evidencia una vez más la debilidad en el cumplimiento de la ley ambiental en Quintana Roo. La escena —maquinaria operando sobre un terreno clausurado— es el reflejo de un patrón de impunidad que ha normalizado la destrucción ecológica bajo el amparo de la omisión institucional.
La fauna afectada, que incluye aves, reptiles, mamíferos y anfibios, enfrenta ahora un escenario crítico: la pérdida de hábitat los obliga a desplazarse a zonas urbanas, donde corren el riesgo de ser atropellados o exterminados. Casos similares ya han sido registrados en áreas como Playacar, donde la expansión urbana desmedida ha empujado a especies silvestres fuera de sus entornos naturales.
Ciudadanía vigilante, autoridad ausente
Vecinos de Marsella III denunciaron que, tras reportar los hechos, ninguna autoridad regresó al sitio para supervisar el cumplimiento de la clausura. La maquinaria operó durante horas sin que se presentaran inspectores ni elementos de seguridad ambiental. Mientras tanto, la empresa continuó con sus labores como si la ley no existiera.
El caso vuelve a encender las alarmas sobre el manejo del desarrollo urbano en Playa del Carmen y la falta de mecanismos efectivos para detener la devastación ambiental. La ciudadanía no rechaza el desarrollo, pero sí exige que este se realice con responsabilidad ecológica y respeto a los marcos legales.