COZUMEL, Quintana Roo, 21 de diciembre.- La activista Guadalupe Álvarez Chulim desafió a la alcaldesa morenista, Juanita Alonso Marrufo a asumir la responsabilidad de entregar las licencias de construcción para el cuarto muelle de cruceros en Cozumel.
A través de redes sociales la ambientalista destacó que el Ayuntamiento de Cozumel encabezado por Juanita Alonso Marrufo tiene la última palabra para “frenar” el proyecto en Punta Lagosta.
“Me párese muy bien lo de la marcha por la Autorización que dio la Semarnat, pero no se olviden que el Ayuntamiento tiene la última palabra ya que le corresponde dar la AUTORIZACIÓN DE USO DE SUELO Y EMPIEZO DE OBRA QUE QUEDE CLARO”, escribió en sus redes sociales.
La activista precisó que es responsabilidad del Ayuntamiento otorgar los permisos de construcción.
“Para la construcción del cuarto muelle en la isla de Cozumel, la Semarnat no ordena solo autoriza en lo que corresponde a lo ambiental, y las demás autoridades o sea el Ayuntamiento tiene la última palabra en la autorización del uso de suelo y el comienzo de obra, que quede muy claro”, precisó.
LA PROTESTA
Como se recordará el pasado domingo ambientalistas, ambientalistas, biólogos, buzos y habitantes de Cozumel se manifestaron en contra de la construcción del Cuarto Muelle de Cruceros, en medio de dos áreas Naturales Protegidas de la isla, aprobado por Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Los manifestantes argumentaron principalmente que la obra es innecearia, pues en la isla ya existen siete posiciones de atraque de cruceros de última generación.
Los cozumeleños señalaron que con que el arribo masivo de turistas la isla tendría severos problemas ambientales, por el consumo excesivo de agua potable, la generación excesiva de aguas residuales, provocando afectaciones graves al ecosistema marino.
Además destacaron que Cozumel no tiene la infraestructura necesaria para incrementar el atraque de cruceros, pues habría una disminución de los espacios públicos costeros, incremento en el tráfico y vialidades insuficientes.
Y finalmente en materia económica, para los inconformes el proyecto representa una derrama económica limitada y “abaratamiento” de la isla.