Hernán Bermúdez Requena, El Abuelo o El Comandante H, comenzó sus operaciones criminales en 2017, cuando se desempeñaba como director de la Policía de Investigación en Tabasco, al mismo tiempo que formaba parte de la agrupación identificada como La Cofradía de los 100, integrada por agentes estatales y ministeriales.
Desde entonces, este sujeto obligó a empresarios gasolineros a vender huachicol, y a quienes se negaban incluso llegó a exigirles 70 por ciento de los derechos de sus empresas, bajo la amenaza de privarlos de la libertad o asesinar a sus familiares.
Lo anterior consta en los registros del juzgado primero de distrito en el estado de Tabasco, donde radica el juicio de amparo que interpuso El Abuelo, en un intento por alcanzar la libertad durante el proceso en el que se le consideró responsable de secuestro agravado, extorsión y asociación delictuosa.
En el documento, del cual posee copia La Jornada, se señala que la Fiscalía General de Justicia de Tabasco logró acreditar que Bermúdez Requena y sus cómplices tenían años involucrados en la venta ilegal de combustible, secuestro, extorsiones, homicidios, desaparición de personas, narcomenudeo y portación de armas, entre otros, delitos en esa entidad; por esas actividades, “logró ser el principal operador” de La Barredora, “pues se aprovechaba de los cargos públicos de ostentaba”.
Policías, los lugartenientes
Según el informe, los hombres bajo el mando de El Abuelo cumplían “cada uno de ellos una función en el robo y venta ilegal de gasolina. Algunos tenían la tarea de extorsionar a sus víctimas, otros de privarlas de la libertad, amenazarlas de muerte o brindar protección al grupo delictivo”.
Y lo hacían “utilizando el poder del cargo público que ostentaban y todas las conductas con unidad de propósito delictivo para beneficiar en diversas formas al mismo grupo delincuencial del cual es integrante”.
Las investigaciones que sustentan la causa penal por la cual Bermúdez Requena está preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano, en el estado de México, establece cómo operaba. El 21 de noviembre de 2018 arribó acompañado por sus cómplices a una gasolinera con una advertencia para el propietario: “tenía que recibir unas pipas de gasolina para venderla en su gasolinera, porque lo tenían vigilado a él y a su familia, mostrándole esas personas armas de fuego”.
Una víctima intentó negarse y fue secuestrado –según el documento– durante varios días hasta que lo obligaron a firmar la cesión de derechos de 70 por ciento de su gasolinera.
La acusación formal
De esta manera, el Ministerio Público le formuló la siguiente imputación a El Abuelo: “por diversos hechos constitutivos de delito (…) usted desde el año 2017 forma parte de un grupo delictivo de más de tres personas, el cual se dedica a la venta ilegal de combustible, secuestro, extorsiones, homicidio, desaparición de personas, narcomenudeo, portación de armas, entre otros, en el estado de Tabasco, logrando ser el principal operador de este grupo, pues aprovechaba los cargos públicos que ostentaba. Primero, como director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado y posteriormente como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana”.
Fuente: La Jornada
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