El registro obligatorio de celulares entró en vigor el 9 de enero en México y obliga a vincular cada número telefónico con una identificación oficial. La medida, impulsada por reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, busca fortalecer la seguridad pública; sin embargo, especialistas en derechos digitales y telecomunicaciones advierten que no existe evidencia de que reduzca delitos y que, por el contrario, incrementa los riesgos de robo de datos, suplantación de identidad y mercados ilegales.
La nueva obligación y su alcance legal
Desde el 9 de enero pasado, las personas titulares de líneas móviles en México deben vincular su número telefónico con una identificación oficial. La disposición deriva de reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que modifican el régimen de prestación de servicios de telecomunicaciones.
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que los concesionarios y comercializadores de telefonía móvil están obligados a verificar la identidad de los usuarios y suspender las líneas que no cumplan con el registro dentro del plazo establecido, bajo el argumento de fortalecer la seguridad pública y reducir delitos.
Vacíos sobre el uso de los datos personales
Aunque la normativa asigna la responsabilidad del registro a las empresas privadas, no define con claridad la finalidad específica del uso de los datos personales ni los límites de su acceso posterior por parte de autoridades.
Esta falta de precisión ha encendido alertas entre especialistas, quienes advierten que la ambigüedad legal abre la puerta a usos secundarios de la información y a posibles vulneraciones a la privacidad de millones de usuarios.
Mercado negro y datos prestados en redes sociales
Tras la entrada en vigor de la medida, comenzaron a circular en redes sociales anuncios que ofrecen “datos para registro”, identidades prestadas o tarjetas SIM supuestamente ya vinculadas a terceros, a cambio de pagos que varían según la región y el tipo de línea.
Estas prácticas, advierten expertos, no solo incumplen la ley, sino que incrementan los riesgos de usurpación de identidad, fraudes y responsabilidades penales para personas que aceptan registrar líneas a su nombre sin conocer las consecuencias.
Sin evidencia de reducción del delito
José Flores, director de comunicación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), señala que el registro obligatorio presenta fallas estructurales desde su diseño. “No se ha encontrado evidencia de que exista una relación entre el registro obligatorio de líneas y la reducción de delitos”, afirma.
De acuerdo con documentación del Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSMA), desde 2016 no se ha demostrado que estas medidas reduzcan delitos como la extorsión o el secuestro virtual.
Efectos colaterales documentados
El informe Access to Mobile Services and Proof of Identity (2019), elaborado por GSMA con datos de más de 150 países, concluye que no existe evidencia empírica concluyente de que el registro obligatorio de SIM reduzca la incidencia delictiva.
Por el contrario, se han identificado efectos como el desplazamiento del delito hacia prácticas como el robo de celulares, la clonación de líneas y la expansión de mercados informales de tarjetas SIM registradas a nombre de terceros.
Riesgos legales y protección de datos
Desde el ámbito jurídico, la abogada Diana Isabel Núñez Ronquillo advierte que el problema central no es solo la eficacia de la medida, sino su regulación. “La ley obliga a registrar las líneas, pero no establece con claridad para qué se van a usar los datos ni cuáles son los límites de ese uso”, señala.
Esta indefinición, explica, contraviene principios básicos de protección de datos personales como la finalidad y la proporcionalidad, y genera incertidumbre jurídica para los usuarios.
Antecedentes fallidos en México
El registro obligatorio de líneas no es nuevo en el país. En 2009 se creó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), que fue eliminado en 2011 tras problemas operativos y la venta ilegal de bases de datos.
En 2021 se intentó nuevamente con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), que incluía datos biométricos. En 2022, la Suprema Corte lo declaró inconstitucional por vulnerar derechos a la privacidad y a la protección de datos personales.
Acceso a la información y presunción de culpabilidad
Especialistas advierten que, aun cumpliendo con el registro, los usuarios pueden enfrentar riesgos. La simple vinculación de una línea con una persona puede generar presunciones en investigaciones penales, incluso si el teléfono fue robado o la línea clonada.
Este riesgo se agrava en delitos como la extorsión, donde las sanciones son severas y la carga de la prueba puede afectar a titulares que no participaron en los hechos.
Impacto en grupos vulnerables
El registro también afecta a periodistas, activistas, personas migrantes y comunidades indígenas, que históricamente han dependido del anonimato para comunicarse en contextos de riesgo.
Además, personas migrantes en situación irregular enfrentan obstáculos para acceder al servicio, al no contar con documentos oficiales, pese a que la telefonía móvil está vinculada con derechos como el acceso a la información y la libertad de expresión.
Amparo: una opción limitada
Aunque el juicio de amparo es una vía legal para impugnar la medida, especialistas coinciden en que implica costos elevados, tiempos prolongados y asesoría especializada, lo que lo vuelve poco accesible para la mayoría de la población.
Desde R3D, se señala que el valor del amparo radica más en generar precedentes judiciales que obliguen a revisar el diseño de la política pública, que en su uso masivo por parte de usuarios.
Postura oficial: sin base de datos gubernamental
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) sostiene que el registro no implica la creación de una base de datos gubernamental y que la responsabilidad del resguardo de la información recae en las empresas telefónicas.
El organismo asegura que no tiene conocimiento de filtraciones de datos y rechaza la existencia de un “mercado negro” de chips, señalando que muchas ofertas corresponden a estafas o a líneas preactivadas antes del 9 de enero que deberán regularizarse antes del 30 de junio.
Fuente: Animal Político
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