El próximo lunes 9, a partir de las 10:00 horas, comenzará la aplicación de exámenes de evaluación a jueces y magistrados electos el 1º de junio del año pasado, quienes asumieron funciones el 17 de septiembre. El proceso, organizado por el Tribunal de Disciplina Judicial y con pruebas elaboradas por el Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial, busca medir conocimientos, resolución de casos y abatimiento de expedientes para valorar su desempeño.
Evaluación tras cuatro meses en funciones
Los impartidores de justicia que fueron electos el 1º de junio del año pasado y designados por el Órgano de Administración Judicial (OAJ) presentarán un examen teórico-práctico como parte de su primera evaluación formal en el cargo. Estos funcionarios iniciaron labores el 17 de septiembre, por lo que cuentan con poco más de cuatro meses de experiencia al frente de sus respectivos órganos jurisdiccionales.
La prueba medirá conocimientos jurídicos, capacidad de resolución de casos y resultados en el abatimiento de expedientes, indicadores considerados clave para determinar la eficacia en la impartición de justicia. La aplicación estará bajo la supervisión directa del Tribunal de Disciplina Judicial.
Contenido bajo resguardo y control institucional
El contenido del examen fue elaborado por el Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial y permanecerá bajo resguardo oficial para evitar filtraciones. Las autoridades señalaron que esta medida busca impedir cualquier ventaja indebida para personas cercanas a quienes pudieran tener acceso previo a la información.
En el caso de jueces y magistrados que ya se encontraban en funciones antes del proceso electoral, así como secretarios de acuerdos y actuarios, se realizará una evaluación de seguimiento regular. Esta incluirá visitas que podrán ser presenciales o digitales, con el fin de revisar el cumplimiento de sus responsabilidades.
Segunda oportunidad en caso de no aprobar
De acuerdo con lo establecido, si alguno de los jueces o magistrados electos no obtiene una calificación aprobatoria, el resultado servirá para identificar necesidades de capacitación y ajustar los programas de formación institucional.
Además, se contempla una segunda oportunidad para presentar el examen, lo que permitirá reforzar conocimientos y mantener en observación el desempeño de quienes no alcancen el nivel requerido en la primera evaluación. El proceso busca garantizar estándares mínimos de eficiencia en un momento en que la actuación de los órganos jurisdiccionales se encuentra bajo escrutinio público.
Fuente: La Jornada
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