CIUDAD JUÁREZ, Chih., 14 de febrero.— José Luis A.C., dueño del Crematorio Plenitud donde fueron localizados 386 cadáveres embalsamados y acumulados en condiciones insalubres, abandonó México la noche del 13 de febrero, horas después de recuperar su libertad tras obtener un amparo concedido por un juez federal. Su defensa anunció que presentará una demanda por daño moral contra el Gobierno de Chihuahua y la Fiscalía General del Estado (FGE), al considerar que fue encarcelado de manera ilícita.
De acuerdo con su abogado, Manuel Pineda Contreras, el empresario fue liberado a las 23:30 horas y se trasladó de inmediato a Estados Unidos, país del que es ciudadano legal. La defensa también informó que interpondrá una queja contra el juez de Control que en julio de 2025 lo vinculó a proceso penal.
Fiscalía impugnará amparo federal
Horas después de confirmarse la salida del país, el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, informó que la FGE promoverá un recurso de revisión contra el amparo otorgado por el juez Séptimo de Distrito, Luis Eduardo Rivas Martínez, quien resolvió el Amparo Indirecto 746/2025-III a favor del empresario el pasado 12 de febrero.
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En conferencia de prensa, el funcionario detalló que también se presentará una queja ante el Poder Judicial de la Federación para que se revise la actuación del juzgador federal. La Fiscalía dispone de 10 días para interponer el recurso y la autoridad federal podría tardar hasta seis meses en emitir resolución.
Jáuregui sostuvo que la resolución judicial no valoró de forma integral los datos de prueba aportados por el Ministerio Público y calificó el criterio como un cambio radical respecto a una negativa de amparo previa emitida por el mismo juzgado.
Delitos imputados y criterio judicial
José Luis A.C. fue vinculado a proceso el 4 de julio de 2025 por dos delitos: inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, previsto en el artículo 202 del Código Penal de Chihuahua, y un ilícito federal contemplado en el artículo 62 de la Ley General de Salud.
Los hechos se atribuyeron a conductas realizadas en el Crematorio Plenitud, ubicado en la carretera Panamericana 10631 sur, colonia Las Granjas Polo Gamboa, donde también fue detenido un empleado, quien falleció en reclusión en octubre pasado.
El juez federal determinó que no se acreditaban los verbos rectores de ocultar o conservar cadáveres en términos penales, al considerar que el establecimiento contaba con permisos de funcionamiento —aunque uno estaba vencido— y que los cuerpos se encontraban embalsamados. Bajo ese criterio, estimó que los hechos podrían constituir faltas administrativas.
La Fiscalía rechazó esa interpretación y sostuvo que sí se configuran los delitos, argumento con el que fueron emitidas órdenes de aprehensión y prisión preventiva por jueces locales.
Investigación y cuerpos sin identificar
En relación con posibles responsabilidades administrativas, el fiscal informó que la Secretaría de la Función Pública mantiene abierta una investigación sobre la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Respecto a la exigencia de familiares para que la Federación atraiga el caso, la Fiscalía señaló que la autoridad federal puede asumirlo en cualquier momento. También reconoció que colectivos de víctimas han cuestionado el desempeño de funcionarios estatales.
Hasta el momento, 191 cuerpos han sido identificados mediante pruebas de ADN y 187 han sido entregados a sus familias. Permanecen sin identificar 195 cadáveres. Al término de la conferencia, Jáuregui sostuvo una reunión privada con familiares, quienes ingresaron en grupos de diez personas.
Fuente: Animal Político
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