Un comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó que el caso de las desapariciones en México sea remitido a la Asamblea General, al considerar que existen indicios de que este fenómeno ocurre de forma amplia en el país. El Gobierno federal rechazó el informe y aseguró que no refleja la situación actual.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) activó un mecanismo internacional que busca atraer atención global y facilitar apoyo técnico en la búsqueda de personas e investigaciones. Este procedimiento no implica sanciones, sino recomendaciones y cooperación, por lo que su cumplimiento depende de cada Estado.
El organismo señaló que existen “indicios bien fundados” de desapariciones que podrían considerarse crímenes graves, aunque también aclaró que no encontró evidencia de una política federal para cometerlas.
De acuerdo con cifras oficiales, en México hay más de 133 mil personas desaparecidas. Además, se han identificado más de 4 mil 500 fosas clandestinas y existen alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar en servicios forenses.
Entre 2012 y febrero de 2026, la ONU ha emitido 819 acciones urgentes relacionadas con México, que representan el 38% del total mundial. Estas alertas se activan cuando se considera que una persona desaparecida está en riesgo, con el objetivo de que las autoridades actúen de inmediato.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el informe y afirmó que en el país “no hay desaparición forzada desde el Estado”. El Gobierno envió una nota diplomática y sostuvo que el documento es “tendencioso” y omite avances institucionales.
En un comunicado, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores indicaron que el propio comité reconoce que no hay evidencia de una política estatal generalizada, y destacaron medidas como la Alerta Nacional de Búsqueda, bases de datos de identificación y el fortalecimiento de instituciones.
El problema de las desapariciones en México se ha incrementado desde 2006, en el contexto de la estrategia de seguridad contra el narcotráfico. Desde entonces, los casos han mostrado una tendencia al alza, según datos oficiales.
El Comité también señaló fallas en los sistemas de búsqueda e investigación, así como posibles vínculos entre autoridades locales y grupos delictivos en algunos casos. Mientras tanto, familiares de personas desaparecidas continúan realizando labores de búsqueda en distintas regiones del país.
El sistema de la ONU opera mediante recomendaciones y cooperación internacional, sin capacidad de imponer sanciones directas en estos casos. En distintos contextos, algunos gobiernos han cuestionado la imparcialidad o el alcance de sus informes, mientras que el organismo sostiene su papel como instancia de observación y apoyo en materia de derechos humanos.
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