CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, trasladó a los integrantes de la Asamblea General la petición del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) para analizar las crisis de desapariciones y forense en México, que alcanzan más de 135 mil víctimas y 72 mil cuerpos sin identificar bajo resguardo de autoridades ministeriales.
De acuerdo con el oficio A80/737 de la Asamblea General de la ONU, fechado el 12 de mayo, titulado “Decisión del Comité contra la Desaparición Forzada”, Guterres distribuyó a los Estados miembros un mensaje para presentar una carta del presidente del CED, Juan Pablo Albán Alencastro, “en la que solicita, de conformidad con el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que se transmita una decisión del Comité (CED/C/MEX/A.34/D/I), junto con la información recibida por el Comité de organizaciones de la sociedad civil y los informes de observaciones pertinente comunicados por el Comité junto con su decisión, con respecto a la situación de México”.
Tras el mensaje de Guterres, quien dejará la secretaría general de la ONU en octubre próximo, el documento adjunta la carta que el presidente del CED, fechada el 2 de abril, le dirigió precisamente al secretario general de la ONU.
Tras citar el artículo 34 de la Convención, que le da atribuciones al CED para solicitar la intervención de la Asamblea General en casos en que haya “indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática”, Albán Alencastro explicó que entre febrero y mayo de 2025, el Comité “recibió información de organizaciones de la sociedad civil y grupos de víctimas según la cual en México en lo que respecta a las desapariciones, incluidas las desapariciones forzadas, es lo suficientemente grave como para justificar que el Comité actúe en virtud del artículo 34”.
Tras señalar que el CED recibió información adicional, apuntó que en el 28º periodo de sesiones celebrado en marzo de 2025, los expertos que integran ese Comité revisaron la información relacionada con México desde 2012 y solicitó información al Estado mexicano sobre la situación antes del 18 de septiembre de 2025.
De la revisión de toda la información, en marzo de 2026 el CED decidió comunicar “con urgencia” a la Asamblea General la situación de México.
El presidente del CED pidió a Antonio Guterres que informara a la Asamblea sobre su solicitud de intervención del máximo órgano de la ONU, así como “la información recibida de las organizaciones sociales de la sociedad civil, así como los informes y las observaciones pertinentes, a fin de que la Asamblea considere la posibilidad de adoptar medidas para ayudar al Estado Parte a prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones forzadas en México”, reiteró el experto.
“El Comité queda a su disposición para responder a cualquier pregunta relacionada con lo expuesto en la presente”, concluyó en su misiva el presidente del CED, Juan Pablo Albán Alencastro.
La difusión de la carta firmada por el experto del CED alerta sobre la continuación el procedimiento ampliamente rechazado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, por el que estados parte de la ONU podrían contribuir a atender la crisis de desapariciones, así como la crisis forense, ampliamente documentadas por el grupo designado por la ONU.
El tema podría ser puesto sobre la mesa en octubre próximo, durante el periodo de sesiones en que también se decidirá el nombramiento del próximo secretario general de la ONU, en relevo de Guterres.
Celebra Amnistía Internacional México
En la red X, Amnistía Internacional México celebró la decisión de llevar ante la Asamblea General de la ONU la preocupación expresada por el Comité contra la Desaparición Forzada.
“Este paso reconoce la gravedad de una crisis que afecta a miles de familias y es resultado de años de lucha de personas buscadoras, colectivos y organizaciones de derechos humanos”, sostuvo.
“La atención de la Asamblea General representa una oportunidad histórica para que el Estado mexicano asuma con la seriedad y urgencia que demanda esta crisis los desafíos pendientes en materia de prevención, búsqueda, investigación, sanción y reparación. Lejos de entenderse como una confrontación, este proceso debe ser visto como una oportunidad para fortalecer las respuestas institucionales, garantizar los derechos de las víctimas y avanzar hacia soluciones estructurales.
“Las miles de personas desaparecidas en el país y sus familias merecen respuestas efectivas. Este momento debe marcar el inicio de una nueva etapa de voluntad política, rendición de cuentas y cooperación internacional para enfrentar una de las crisis de derechos humanos más profundas que vive México”, destacó Amnistía Internacional México.
Fuente: Proceso
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