La Suprema Corte de Justicia de la Nación reabrió uno de los capítulos judiciales más relevantes del caso Ayotzinapa al atraer cuatro revisiones extraordinarias que podrían modificar los efectos de la sentencia firme de 2018 que ordenó crear una Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia sobre la desaparición de los 43 normalistas.
Por unanimidad, el Pleno aceptó analizar los recursos promovidos originalmente por autoridades del gobierno de Enrique Peña Nieto y retomados este año por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, bajo el argumento de que debe definirse si jurídica y materialmente es posible cumplir aquella resolución.
La sentencia fue dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que ordenó reponer la investigación ante las graves irregularidades detectadas y crear un mecanismo extraordinario en el que participarían la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las familias de los estudiantes desaparecidos.
El fallo de 2018 concluyó que la investigación que sostuvo la llamada “verdad histórica” estuvo afectada por violaciones graves a derechos humanos, incluida la tortura, y señaló que no se exploraron debidamente otras líneas relacionadas con una posible participación del Ejército.
La Corte deberá determinar si dentro de un amparo promovido contra autos de formal prisión por desaparición forzada era válido ordenar la creación de una comisión de la verdad o si esa medida invadió facultades de otras autoridades y rebasó los alcances del juicio.
La FGR ha cuestionado la creación de ese organismo al considerar que podría interferir con las funciones de la unidad especial encargada de investigar el caso Ayotzinapa. Los padres y madres de los normalistas, aunque no iniciaron aquellos amparos, fueron reconocidos como víctimas directas y ahora participan en los recursos que serán revisados.
Tlachinollan, Fundar, Serapaz y el Centro Prodh, organizaciones que acompañan el caso, advirtieron que la atracción abre la posibilidad de revisar los efectos de una resolución definitiva y pone en tensión los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, además de generar un nuevo retraso en el cumplimiento de la sentencia.
Las organizaciones señalaron que los recursos permanecieron sin resolverse durante varios años y comenzaron a tramitarse hasta octubre de 2025.
También sostuvieron que la nueva Consejería Jurídica retomó argumentos semejantes a los planteados durante los gobiernos de Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador para cuestionar la viabilidad de la Comisión.
La ministra Sara Irene Herrerías Guerra se excusó de intervenir debido a que la investigación penal depende de una unidad de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, de la cual fue titular. La revisión ocurre a poco más de dos meses de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes, mientras el caso continúa sin ser plenamente esclarecido.
Fuente: Politicomx
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