Ciudad de México, 5 de agosto de 2026.- Debido al control ejercido por el oficialismo –encabezado por Morena– las impugnaciones a leyes y reformas ya no llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyas resoluciones han perdido trascendencia porque ya no ejerce un verdadero contrapeso a las políticas impulsadas desde el Ejecutivo y el Legislativo.
Luis Tapia, profesor de Amparo en la Universidad Iberoamericana de Torreón, Coahuila, recuerda que desde septiembre último el nuevo Pleno ha dedicado la mayor parte de las sesiones a resolver casos sin mayor trascendencia, como las controversias constitucionales sobre el precio por las copias certificadas de actas emitidas por Registros Civiles en diferentes estados del país, tendencia que no ha cambiado mucho.
“Hay algunos asuntos interesantes que han resuelto, pero son los menos. En enero de este año la Corte resolvió un asunto relacionado con las opiniones del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria, en el cual consideró que son jurídicamente relevantes porque una persona presentó un amparo debido a que las autoridades se habían negado a cumplir con esta opinión de un procedimiento especial de Naciones Unidas”, comenta.
“Creo que ese es un precedente que se inserta en una línea de reconocimiento de las decisiones de órganos internacionales en el Derecho interno, y que además pone a México a la vanguardia porque, la verdad, otros países no reciben tan bien las decisiones de órganos internacionales, pero, digamos, uno piensa que no hay mucho más”.
“Hay algunos asuntos interesantes que han resuelto, pero son los menos. En enero de este año la Corte resolvió un asunto relacionado con las opiniones del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria, en el cual consideró que son jurídicamente relevantes porque una persona presentó un amparo debido a que las autoridades se habían negado a cumplir con esta opinión de un procedimiento especial de Naciones Unidas”, comenta.
“Creo que ese es un precedente que se inserta en una línea de reconocimiento de las decisiones de órganos internacionales en el Derecho interno, y que además pone a México a la vanguardia porque, la verdad, otros países no reciben tan bien las decisiones de órganos internacionales, pero, digamos, uno piensa que no hay mucho más”.
El especialista considera que existe una decisión deliberada por parte del Pleno de la Corte de no resolver los asuntos que dejó pendientes la anterior integración.
Uno de ellos es el de cómo las autoridades judiciales de México van a cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que declaró inconvencional la prisión preventiva de oficio.
“Esos asuntos están ahí desde hace años y bajo sus nuevas reglas, no habría ninguna justificación para que esos casos no tuvieran proyecto, porque varios de esos, de hecho, ya tenían proyectos de las integraciones anteriores y no están siendo discutidos”, apunta.
Enfatiza que un factor determinante para que esta Corte no emita criterios relevantes es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha decidido no presentar acciones de inconstitucionalidad como lo hacían anteriores administraciones de dicho órgano, pese a que legislaciones como la Ley General en Materia de Extorsión tienen porciones inconstitucionales.
A eso se suma la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que tampoco puede impugnar decisiones relacionadas con las materias de su competencia y la dificultad que tiene actualmente la oposición porque no cuenta con la minoría necesaria para poder promover acciones de inconstitucionalidad.
“Hay un factor interesante a observar –comenta– que es que la Corte ha atraído varios casos con los que está llenando su propia agenda hacia adelante y ahí podremos ver cuáles de esos son interesantes”.
Efecto bumerán
Expone que la actual integración más bien ha reiterado criterios emitidos por los anteriores ministros, que han sido duramente criticados por el oficialismo, y presentan esas resoluciones como si fueran una novedad cuando en realidad no son criterios nuevos.
“El reto que tienen para establecer precedentes importantes es que tendrían que invalidar leyes que vengan, obviamente, impulsadas por el gobierno hoy encabezado por el partido oficial, Morena, o que tienen que atacar o invalidar decisiones que son del Poder Ejecutivo.
“Prácticamente da la impresión de que lo que están construyendo es cómo resolver cosas relevantes sin hacer enojar al gobierno y pues ahí les queda muy poco espacio”.
Por ello, el especialista concluye en que la reforma judicial impulsada en 2024 por el presidente López Obrador está logrando que la Corte sea irrelevante.
“Ya no se están resolviendo ni debatiendo ahí varios de los temas jurídicos que tendría que resolver el Máximo Tribunal, como los problemas entre poderes, si ciertas leyes son o no constitucionales, sobre todo las que más afectan los derechos y, cuando a ese tribunal se le ve como poco serio, cuando ya nadie quiere llevar las controversias ahí, empieza a volverse irrelevante”, explica.
Advierte que, con un Poder Judicial deficiente, la democracia mexicana corre el riesgo de deteriorarse con el paso del tiempo, pues, por lo menos la SCJN, ya ha dejado de ser un contrapeso de los otros poderes.
“En una democracia sana tiene que haber contrapesos, eso se ha entendido así; es peligrosa esta idea que difunde el oficialismo de que todos tienen que jalar parejo bajo esta idea de que todos somos amigos y todo va a ir muy bien si todos pensamos igual y empieza a descalificar de origen el disenso; todo lo contrario, una democracia sana necesita disenso y espacios para que los poderes disputen entre sí bajo reglas claras.
“El hecho de que ahora parezca que los tres poderes jalan para el mismo lado es problemático para cualquier gobierno de cualquier ideología, porque si se organiza el gobierno pensando en que Morena siempre va a estar en el poder, y cuando deje de estarlo, no tendrá espacio para ser oposición y disputar con quien venga”, agrega.
Fuente: Proceso
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