PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo, 15 de agosto de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el miércoles 19 de agosto si atrae un asunto relacionado con el amparo promovido por Paul Andrew Rangel Merkley, director de Aguakan, y otros particulares vinculados con la empresa. La propia Corte tiene programada una sesión para esa fecha.
El litigio está relacionado con investigaciones federales abiertas contra directivos de la concesionaria. En antecedentes públicos, el Gobierno de Quintana Roo ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntas irregularidades atribuidas a representantes de Aguakan. Medios nacionales también han documentado procesos distintos por supuesta falsedad de declaraciones y otros señalamientos.
Revisará Corte posible atracción del expediente
De acuerdo con la información proporcionada sobre la agenda judicial, la solicitud busca que la SCJN conozca asuntos derivados del amparo en revisión 194/2026 y del incidente en revisión 57/2026, correspondientes a tribunales colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito. El ministro Irving Espinosa Betanzo habría hecho suya la petición de ejercer la facultad de atracción.
El antecedente inmediato se encuentra en resoluciones de amparo que han permitido a los promoventes mantener medidas de protección mientras continúa el proceso judicial. Esto no representa una resolución definitiva sobre las acusaciones ni determina responsabilidad penal.
Si la Suprema Corte acepta atraer el asunto, posteriormente deberá estudiar el fondo de la controversia y determinar el alcance de las resoluciones impugnadas. Por ahora, el punto que se discutirá es si el máximo tribunal del país asume directamente el conocimiento del expediente. La SCJN confirma en su lista oficial que existen asuntos programados para su sesión del 19 de agosto.
Este procedimiento es independiente del litigio relacionado con la concesión de Aguakan. Ese conflicto se originó después de que el Congreso de Quintana Roo aprobó en diciembre de 2023 el Decreto 195, que dejó sin efectos la ampliación otorgada mediante el Decreto 250 durante el gobierno de Roberto Borge. La empresa obtuvo posteriormente una suspensión para continuar prestando el servicio mientras se resuelve ese juicio.
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