El Avispero
Diana García
Durante la mañanera, una reportera preguntó a la presidenta si el exgobernador de Tamaulipas por el Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Javier García Cabeza de Vaca, puede ser candidato a la Presidencia de la República aun teniendo una orden de aprehensión en su contra.
Claudia Sheinbaum respondió que no. Sin embargo, fuera de micrófono, el ministro en retiro Arturo Zaldívar indicó lo contrario.
“¿Seguros que no?”, cuestionó entonces la presidenta. Acto seguido recordó que Vicente Fox desaforó a Andrés Manuel López Obrador y le fabricó un delito para impedir que se registrara como candidato presidencial, durante su periodo como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en 2006.
En ese momento ordenó a su equipo de producción: “A ver, pongan los requisitos para ser presidente”. Al leer el documento constató que no existe ningún artículo que establezca esa restricción.
“Estaba equivocada”, reconoció. Luego se dirigió a Zaldívar: “¿Quieres decir algo, ministro?”.
El verdadero Consejero Jurídico se llama Zaldívar
El ministro explicó los criterios de la Corte sobre el tema y salió a relucir que, desde la última elección en la que Sheinbaum fue electa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un nuevo criterio que permite a las personas privadas de la libertad conservar su derecho a votar y a ser votadas.
Es decir, tener una orden de aprehensión no suspende tus derechos electorales.
Lo que Zaldívar no dijo:
Antes de la elección de Sheinbaum, las personas privadas de la libertad no podían votar. De pronto, algunas personas en la cárcel decidieron iniciar un proceso largo y costoso para pelear en tribunales su derecho a votar, antes que recuperar su libertad.
Fue así como personas privadas de la libertad, pero sin sentencia condenatoria emitieron su voto en la elección de Claudia Sheinbaum.
Durante la embarazosa situación que vivió la presidenta en la mañanera de este jueves, hay un hecho que vale la pena observar: la titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, María Luisa Alcalde, se quedó inmóvil.
No pudo auxiliar a la presidenta en tremendo enredo. Se muestra muy eficaz para enlistar a periodistas y ciudadanos que expresan opiniones y críticas sobre el desempeño del gobierno, pero no para hacer su trabajo. Curiosamente, quienes sí lograron proporcionar el documento con los requisitos —lo básico para cualquier abogado— fueron los de Comunicación, y lo hicieron en un parpadeo.
De ahí la importancia de que cada área cuente con personal capacitado para ejercer sus funciones.
No solo quedó en evidencia que el verdadero consejero jurídico es el ministro, sino que el exgobernador de Tamaulipas, y cualquier otra persona con órdenes de aprehensión por cualquier delito, puede ser candidato a presidente de la República.
También se confirma que la reforma para crear “comisiones investigadoras en el INE” es meramente decorativa, un florero, pues los partidos no están obligados a solicitar la investigación de sus candidatos.
Ayer mismo la presidenta lo puntualizó en su conferencia: “Todo es voluntario”.
Entonces, ¿por qué llegan delincuentes a las presidencias municipales? ¿Por qué hay mafiosos en los equipos partidistas? ¿Cómo es que los delincuentes llegan a ocupar cargos públicos?
Pues hoy nos confirmaron que, si un presunto delincuente quiere, puede intentar ser presidente de la República.
Pero, además, si existiera la voluntad de corregir la ley y colocar verdaderos candados, la legislación mexicana establece que cualquier reforma o ley electoral debe promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en el que se pretende aplicar.
Ay, México de mis amores, cada día nos parecemos más a la Colombia de los ochenta, con Pablo Escobar ocupando una curul en el Congreso de su país.
