CIUDAD DE MÉXICO, 25 de septiembre de 2026.- Una investigación del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley (HRC) documentó el asesinato de 337 periodistas y defensores de derechos humanos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, además de casos de vigilancia digital contra integrantes de estos sectores mediante herramientas como Pegasus.
De acuerdo con el estudio titulado “Under Attack: Targeting of Journalists and Human Rights Defenders in Mexico”, que analiza el periodo entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024, de las 337 víctimas identificadas 78 eran periodistas y 259 defensores de derechos humanos.
La investigación también documenta casos de vigilancia, acoso digital, violencia física y procesos legales contra personas que realizaban labores de periodismo o defensa de derechos humanos, particularmente quienes investigaban delincuencia, corrupción y presuntos abusos cometidos por autoridades.
HRC señala una persecución contra periodistas y defensores
El Centro de Derechos Humanos de Berkeley sostiene que los asesinatos fueron solamente una parte de un fenómeno más amplio de ataques contra periodistas y defensores durante el sexenio de López Obrador.
La investigación plantea que algunos de estos actos estuvieron relacionados con su trabajo para documentar abusos, corrupción y actividades delictivas.
Para elaborar el informe, el HRC documentó 75 expedientes de casos relacionados con asesinatos, desapariciones forzadas y otros hechos graves de violencia física. También incorporó información obtenida de documentos públicos, registros judiciales y archivos internos de instituciones de seguridad.
“Desde hace tiempo se describe a México como uno de los países más peligrosos del mundo para ser periodista o defensor de los derechos humanos, pero esa visión no cuenta toda la historia”, señaló Lindsay Freeman, directora sénior de Responsabilidad Internacional del HRC.
De acuerdo con Freeman, el trabajo del Centro documentó una “campaña sostenida” contra quienes realizaban labores periodísticas o de defensa de derechos humanos y que cuestionaban al poder.
Investigación de Berkeley documenta uso de Pegasus
Uno de los principales apartados del informe corresponde a la vigilancia digital. El HRC sostiene que, pese a las declaraciones de López Obrador en las que negó que su gobierno espiara a periodistas y críticos, encontró evidencia del uso de Pegasus durante su administración.
La investigación vincula el uso de este tipo de herramientas con un centro de inteligencia militar dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). También señala el empleo de otras tecnologías de vigilancia, entre ellas Geomatrix, de la empresa Rayzone.
El HRC sostiene que estas herramientas fueron utilizadas contra periodistas, defensores de derechos humanos e incluso investigadores dedicados a labores de control gubernamental. Según la investigación, en algunos casos no existía autorización judicial para realizar las intervenciones.
HRC señala altos niveles de impunidad
Otro de los puntos centrales de la investigación es la respuesta de las autoridades frente a los delitos cometidos contra periodistas y defensores. El HRC estima que la impunidad en este tipo de casos se mantuvo entre 93% y 99% durante el periodo analizado.
El Centro considera que la falta de consecuencias por los ataques contribuyó a mantener la vulnerabilidad de periodistas y defensores de derechos humanos, al tiempo que dificultó el esclarecimiento y sanción de los delitos.
La investigación señala que esta falta de consecuencias fue tan sistemática que, a su juicio, transmitió el mensaje de que atacar a integrantes de estos sectores no tendría un costo.
“Una impunidad de tal magnitud es un claro indicio de que México no está dispuesto o no es capaz de investigar y enjuiciar los delitos contra este grupo específico de civiles”, concluye el HRC.
Investigación buscaba llegar a la Corte Penal Internacional
El trabajo de Berkeley fue concebido originalmente como un documento que pudiera ser presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) y como un caso de prueba para la política de la Fiscalía sobre delitos cometidos mediante medios cibernéticos.
Sin embargo, el HRC señala que las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra la CPI hicieron imposible utilizar esa vía legal para presentar las pruebas recopiladas.
Por ello, el Centro decidió convertir la investigación en una plataforma pública que reúne información sobre las víctimas, los 75 expedientes de casos, un análisis asistido por inteligencia artificial de más de mil 400 conferencias de prensa presidenciales, así como organigramas del aparato de seguridad mexicano.
El proyecto también incluye apartados sobre vigilancia, acoso en línea, abuso de procesos legales, violencia física e impunidad, con el objetivo de documentar los distintos mecanismos que fueron utilizados contra periodistas y defensores de derechos humanos durante el periodo estudiado.
Fuente: PolíticoMx