Fernando Morcillo
Playa del Carmen, Quintana Roo, 1 de octubre de 2026.— La congresista estadounidense Terri Sewell encabezó una carta bipartidista dirigida al embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri Montaño, para reclamar el trato del Gobierno mexicano hacia Vulcan Materials Company y sus trabajadores, en el conflicto relacionado con las operaciones de Calica.
La misiva también está encabezada por los representantes August Pfluger, Salud Carbajal y Gary Palmer, según un comunicado difundido por la propia empresa estadounidense.
Sewell acusó a funcionarios mexicanos de utilizar medidas ilegales para intimidar a Vulcan y señaló, entre ellas, la intervención militar en una propiedad de la compañía. Estas afirmaciones corresponden al posicionamiento de la legisladora reproducido por la empresa.
La congresista indicó que ha trabajado con otros integrantes del Congreso para explorar opciones diplomáticas y legislativas, incluida la Ley para la Defensa de la Propiedad Estadounidense en el Extranjero, identificada por sus siglas en inglés como DAPA.
“Seguiré luchando por todos los trabajadores de mi distrito que se han visto afectados por acciones comerciales ilegales perpetradas por naciones extranjeras”, expresó Sewell.
Por su parte, Pfluger sostuvo que las medidas contra Vulcan representan una amenaza para los empleos y la seguridad económica de Estados Unidos. También afirmó que un tribunal internacional determinó que México incumplió obligaciones comerciales al cerrar parte de las operaciones de la compañía.
El representante señaló que la Cámara de Representantes aprobó la legislación que impulsó para defender propiedades estadounidenses en el extranjero. Esa aprobación, por sí sola, no equivale a que la ley haya entrado en vigor.
Carbajal y Palmer se sumaron a las críticas. El primero pidió un trato equitativo para las empresas y trabajadores estadounidenses que operan fuera de su país; el segundo exigió respetar los derechos de propiedad de Vulcan y poner fin a las acciones que calificó como hostigamiento.
La carta constituye una gestión de legisladores estadounidenses ante la representación diplomática mexicana. El pronunciamiento retoma el conflicto por Calica, cuya explotación de piedra fue cerrada en 2022 y cuyos terrenos quedaron posteriormente dentro de un área natural protegida mediante decreto presidencial.