Ciudad de México, 03 de enero. – El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a pagar 700 millones de pesos para adquirir la marca de Mexicana de Aviación y otros activos de la extinta compañía y entregarlos a su nueva aerolínea, operada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); sin embargo, ese monto no resolverá el adeudo histórico que el Estado tiene con los extrabajadores de la empresa, desmantelada por Grupo Posadas durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
Los sindicatos firmaron con Mexicana de Aviación un laudo para terminar la relación laboral de los 8 mil 620 trabajadores a cambio de cuatro años de liquidación y dos de salarios caídos, lo que representa cerca de 8 mil millones de pesos, 11 veces más a lo que ofrece el gobierno para comprar la marca.
Aunque todos los participantes en las negociaciones con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) están de acuerdo en vender la marca al gobierno para conseguir liquidez, algunos señalan que el diálogo no contempla el fondo del problema, que implicaría una intervención contra el grupo de accionistas que fragmentaron la empresa y la llevaron a la quiebra en 2010.
Las negociaciones se están llevando entre los representantes de extrabajadores, el síndico del concurso mercantil y la STPS; el dinero para comprar la marca, el centro de adiestramiento técnico y los edificios saldría del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y su usufructo sería para la empresa de la Sedena.
De concretarse, la nueva aerolínea del gobierno tendrá el derecho de llamarse Mexicana de Aviación, pero no tendrá nada que ver con la aerolínea creada hace más de un siglo y que durante décadas fue la principal compañía aérea del país. Será una filial más en el holding Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, SA de CV, que fue creado para que la Sedena administrara cinco aeropuertos, el Tren Maya y hoteles en la Rivera Maya.
El pasado 4 de octubre López Obrador anunció que buscaría la manera de comprar a los trabajadores la marca de Mexicana de Aviación para su aerolínea y así “regresarle a la nación un símbolo, un emblema”; pero al día siguiente sostuvo que no se destinaría dinero público para rescatar a la aerolínea.
El abogado Joaquín Ortega, quien desde hace una década acompaña a 600 jubilados adscritos al Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación y Servicio Similares, coincide en que la estrategia de vender la marca sin obtener garantías del gobierno en el concurso mercantil podría resultar “peligrosa”, pues los extrabajadores ya ni podrían reivindicar el nombre de la empresa en su lucha.
Recalca que los 700 millones de pesos que el gobierno ofreció para la marca cubrirían apenas tres meses de salario de los extrabajadores, de los 72 meses acordados en el laudo, por lo que después de ese pago, quedaría pendiente 91% del monto adeudado.
Además, según el abogado, no le corresponde al gobierno pagar las deudas de Mexicana de Aviación, sino a los responsables de la quiebra.
“Asunto político”
Ortega no entiende la razón por la cual la administración de Andrés Manuel López Obrador no obliga Grupo Posadas a pagar los más de 500 millones de dólares que debe a los trabajadores como parte de los pasivos laborales contingentes que existían en Mexicana de Aviación y que le fueron restados en el precio de adquisición.
Cuando Grupo Posadas, entonces encabezado por Gastón Azcárraga Andrade, compró las acciones de Mexicana de Aviación, en 2005, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) le hizo una serie de descuentos. De un precio original de mil 456 millones de dólares le retiró 997 millones por arrendamiento de aviones, le quitó 29 millones más de deuda neta y le restó 265 millones de “pasivos laborales contingentes no actualizados”.
Con información de Revista Proceso.