Tulum, Quintana Roo, 03 de febrero. – Este 3 de febrero finaliza la consulta pública sobre la construcción de una base aérea militar y del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto de Tulum, Quintana Roo.
En la consulta, cualquier ciudadano puede enviar, a través de la página web de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las observaciones, sugerencias o propuestas alrededor de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto promovido por la Secretaría de la Seguridad Nacional (SEDENA).
Sin embargo, como en el caso del Tren Maya, la construcción de esta obra arrancó sin consulta pública ni permisos ambientales y, de acuerdo con la Presidencia, en diciembre de 2022 las obras ya llevaban un avance del 20%.
“No nos preguntan si queremos o no queremos el aeropuerto, esta consulta pública no garantiza el derecho de los pueblos al consentimiento previo, libre e informado. No se trata de un mecanismo de participación efectiva, es un medio que tiene el estado para validar sus proyectos, para cumplir jurídicamente con los requisitos que tiene”, afirma Ángel Sulub Santos, indígena maya e integrante del Centro Comunitario U Kúuchil k Ch’i’ibalo’on de Felipe Carrillo Puerto.
Es justo en el norte del municipio de Felipe Carrillo Puerto, colindante con Tulum, que se están talando 1.3 millones de árboles en 1200 hectáreas de selva para construir la base aérea militar y el nuevo aeropuerto internacional, que tendrá capacidad de recibir 4 millones de personas al año y cuya inauguración está prevista para el próximo diciembre.
Ángel Sulub Santos recuerda que ya en 2010 se hablaba de construir un aeropuerto en el municipio de Tulum. Luego empezó a circular la voz de que se iba a edificar en Felipe Carrillo Puerto, rumor que el presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió en la mañanera del 16 de julio de 2021, donde anunció que sí se iba a construir en Tulum.
Sin embargo, pronto su administración cayó en cuenta de que los terrenos escogidos eran zona de humedales y empezaron las negociaciones con el ejido Chunyaxché, municipio de Felipe Carrillo Puerto, a unos 20 km de Tulum.
“Entendí que iban a comenzar las obras de construcción del aeropuerto en Chunyaxché cuando llegaron los militares”, cuenta Ángel Sulub Santos.
Fue a finales de marzo de 2022, justo después de que finalizó la cimentación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), cuando un convoy de 36 vehículos del Agrupamiento de Ingenieros Militares Felipe Ángeles salió del centro del país para instalarse en Quintana Roo. Su misión no era sólo dedicarse a construir el aeropuerto y la base militar aérea en Tulum, sino también los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya.
El ejército se quedará en la península también para administrar estas obras y así, según López Obrador evitará que sean privatizadas.
“¿Quién nos puede garantizar que estos bienes de la nación se cuiden? ¿Cómo se los vamos a dejar a Fonatur? No aguanta ni la primera insinuación, ni el primer cañonazo. Todo esto, que es de la nación, de los mexicanos, debemos cuidarlo”, dijo en diciembre de 2022.
El crecimiento de la presencia militar preocupa a Sulub Santos, pues sabe que en otras zonas aumentó la violencia. La militarización de la región llegó por primera vez en diciembre de 2021, cuando con elementos de la Guardia Nacional se creó el Batallón de Seguridad Turística.
Santos vio unos soldados armados patrullar una playa de la Riviera Maya. En aquel momento, ya tenía claro que el Tren Maya y los demás proyectos asociados habrían traído todavía más militares.
Las consultas públicas tras el acuerdazo
“Imaginemos que a partir de la consulta pública que se está llevando a cabo se determine que no es el lugar idóneo para la construcción del aeropuerto: no se va a poder reubicar y ya hubo un impacto ambiental, social y cultural. Se trata de una consulta simulada”, afirma Aáron Siller, director de la oficina regional Sureste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
De acuerdo con Siller, la consulta pública, además de no ser previa, no es de acceso sencillo para la población local, pues pide comentarios a la Manifestación de Impacto Ambiental, un documento de muchos tecnicismos y de difícil entendimiento para cualquiera.
Además, implica la posibilidad de tener acceso a internet y el conocimiento del español en un área donde buena parte de la población habla maya.
Siller afirma que la consulta pública está asociada al trámite para obtener autorización en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo, sin embargo, las obras empezaron previo a la consulta a causa del llamado acuerdazo de noviembre de 2022, que declara de interés público y seguridad nacional la realización de los megaproyectos.
“Este acuerdo presidencial le da carta abierta al gobierno para hacer cualquier proyecto sin ningún tipo de autorización. A partir del acuerdazo se están brincando todos los procedimientos y violando derechos; y se obliga a la Semarnat emitir permisos provisionales sin contar con la opinión de la consulta pública en solo cinco días, cuando anteriormente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental llevaba seis meses. En cinco días no se puede evaluar un proyecto”.
Impactos ambientales, sociales y culturales
Otra preocupación de la población local y de la comunidad científica tiene que ver con los daños ambientales causados por el aeropuerto que se está edificando encima de la fractura de Holbox y de un sistema cárstico con ríos subterráneos.
Además, a lado de la megaobra se encuentra la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, con su enorme riqueza en biodiversidad. La contaminación ambiental y acústica causada por el aeropuerto podría generar graves daños al acuífero, al subsuelo, a las aves migratorias y a las demás especies que habitan la selva.
“No se trata solo del aeropuerto, sino de lo que se genera alrededor del él, en términos de impactos ambientales, sociales y culturales”, dice Sulub Santos.
De acuerdo con el análisis que realizó con sus compañeras del Centro Comunitario U Kúuchil k Ch’i’ibalo’on, el pueblo maya vivía en abundancia y su empobrecimiento empezó tras el nacimiento del Centro Integralmente Planeado de Cancún, en 1974; pues con la llegada del turismo de masa, los indígenas pasaron de tener un sistema de vida autónomo a uno dependiente del turismo.
Pronto el gobierno impulsó una política educativa y económica que promovía el turismo como la única opción de desarrollo para el estado, que nació en aquella década creando una identidad quintanarroense vinculada justo con el turismo.
Según el Centro Comunitario U Kúuchil k Ch’i’ibalo’on, dentro del esquema del turismo masivo las grandes empresas son las que acaparan el mercado, desplazando a las cooperativas turísticas y dejando a la población local los empleos mal pagados.
“El panorama es muy desolador, vienen tiempos muy difíciles, vendrán cosas más fuertes después del aeropuerto de Tulum y del Tren Maya, pero las enfrentamos con la certidumbre de que encontraremos caminos de vida y dignidad”, afirma Ángel Sulub Santos.
“Pensamos que es importante trabajar con la niñez y las juventudes porque les tocará resistir y luchar por lo que queda de este territorio. Vemos una luz en el fondo”.
Con información de Animal Político