Estaba convaleciente, tumbada boca abajo en la cama y bañada en sudor. El ruido de la tele y el fresco del ventilador la habían ayudado a conciliar el sueño, pero Lucifer, el perro chihuahua, se puso a ladrar y consiguió despertarla. Se giró y abrió las manitas en dirección a su mamá, quien luego de cargarla en brazos fue por la receta médica.
Nombre: Lesly Fernanda Hernández de Dios
Edad: 2 años.
Peso 12.5 kg.
Descripción: parasitosis intestinal.
—¿Quiere verla?
—¿Qué cosa?
—Pues la lombriz.
Edith Reyes, la madre de Lesly, es originaria de Guatemala y ahora vive en Tres Reyes, uno de los 213 asentamientos irregulares que hay en Cancún, México. Va por una botella de Coca-Cola que tiene en una mesa y la muestra a contraluz. En el fondo, enroscada y putrefacta, de no menos de 15 centímetros, se puede ver la lombriz que hace unos días la pequeña Lesly expulsó en una evacuación que la tumbó en cama por unos días. Decidieron guardar el parásito por mero morbo.
—Es que la niña se la pasa en el suelo y tomó yo creo agua del charco, o no sé qué pasó, pero se enfermó muy feo —prosigue.
En las últimas décadas, cientos de migrantes como Edith han optado por dejar Centroamérica, renunciar a Estados Unidos y poner el ojo en Cancún, el boyante polo turístico del Caribe mexicano. Llegaron pensando que encontrarían un lugar paradisiaco como el que promocionan los agentes de viajes, pero terminaron instalados en alguna de las cuarterías o palapas que pueblan los asentamientos irregulares que hay en la ciudad, los únicos espacios accesibles para personas que lo han dejado todo atrás, lugares que en temporada de tormentas y huracanes se llenan de lodo y charcos que resultan un problema para niñas como Lesly.
Debido a su condición de irregulares —por haber invadido terrenos privados, ejidales o que son propiedad del estado o del municipio—, a estos asentamientos no se les dota de servicios públicos como pavimentación, recolección de residuos sólidos, drenaje, agua potable o alumbrado público, y ni pensar en parques públicos con columpios o subibajas.
Aquí habitan 200 mil personas, que representan el 30 por ciento de la población municipal. De acuerdo con un análisis realizado por la Secretaría Técnica del Ayuntamiento de Cancún, considerando la densidad poblacional debería haber canchas deportivas, suficientes escuelas, centros de desarrollo social y al menos un hospital general.
En el tema de la salud, el vacío institucional ha sido ocupado por el sector privado, en este caso por Farmacias Similares y sus respectivos consultorios médicos, a uno de los cuales llegó Lesly con dolor de estómago y enfebrecida el pasado 13 de septiembre.
Migrar en el vientre; nacer en la precariedad
Para las personas en situación de movilidad que llegan a Cancún es una ventaja que en las Farmacias Similares no pidan documento alguno para atenderles. Y es que, aunque en México la salud es un derecho humano al que se puede acceder sin importar la situación migratoria, esto no siempre se cumple en los hospitales públicos, de acuerdo con Carmina Gutiérrez, abogada especializada en materia de movilidad humana de la delegación en Quintana Roo del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
“Es común que los migrantes lleguen al hospital general y les digan: ‘Sí atendemos, pero tienes que pagar una cuota porque no eres derechohabiente. Como no eres mexicano tienes que pagar’. O les piden documentos o la CURP, pero obviamente no la tienen. Aunque sean migrantes tienen derecho a recibir atención médica”, reprocha Gutiérrez.
En los últimos meses, comenta la abogada, ha representado legalmente a tres personas en movilidad recién llegadas a Cancún —una colombiana y dos guatemaltecas–, quienes solicitaron consultas médicas en hospitales públicos para saber si su embarazo evolucionaba con normalidad, pero que se les discriminó y se les negó el servicio.
Situaciones como ésta provocan recelo entre las embarazadas hacia las autoridades mexicanas.
En 2020, las 37 mujeres que migraron desde Guatemala y Honduras y que parieron en alguno de los diminutos cuartos de lámina o tabique de los asentamientos irregulares de Cancún reportaron haber tenido pocas o ninguna consulta prenatal, de acuerdo con datos de los Servicios Estatales de Salud (Sesa) a los que tuvo acceso este medio. Solo una mujer refirió haber tenido hasta seis revisiones. En contraparte, 12 no tuvieron ninguna consulta durante los nueve meses de gestación.
María es de estas últimas. Guatemalteca, migró a México con tres hijos a cuestas. Llegó con 19 años y un cuarto embarazo. Dio a luz en Cancún, en el asentamiento irregular El Milagro, el 26 de noviembre de 2020. María declaró no haber tenido ni una sola consulta prenatal.
Sin revisiones médicas el embarazo puede tornarse riesgoso para el feto y para la madre, afirma Laura Karimen Bautista Castillejos, jefa de enfermeras de la Unidad de Medicina Familiar 19 del IMSS de Cancún, quien recomienda al menos siete visitas obstétricas: cinco antes del parto y dos posteriores. En la primera cita, explica Laura, se detectan sífilis y VIH; en la segunda se aplican vacunas para prevenir el tétanos, la difteria, la tos ferina y la influenza, y en las siguientes se realizan exámenes de laboratorio, ultrasonidos, se prescribe ácido fólico y vitaminas y también se informa sobre dietas a seguir y la importancia de la lactancia y la planificación familiar.
“Si no se tienen consultas prenatales no sabemos si la paciente tiene anemia, no se detectan factores de riesgo y no se vigilan los datos de alarma”, dice Laura.
Las embarazadas en situación de movilidad tampoco se animan a ir a consultas o a tener contacto con cualquier institución de gobierno por miedo a ser detenidas y luego deportadas por el Instituto Nacional de Migración (INM).
Y es que, aunque Andrés Manuel López Obrador prometió durante su campaña electoral rumbo a la Presidencia de México que apoyaría a las personas en contexto de movilidad y cambiaría el paradigma de las detenciones y medidas de fuerza contra ellas, esto no se ha cumplido durante su gobierno. Por el contrario, México ha alcanzado cifras récord de detenciones: 318 mil 660 personas en 2022 —un ritmo de 873 detenciones cada día—, de las cuales el 51.3 por ciento son centroamericanas.
Las mujeres embarazadas procedentes de Centroamérica que habitan asentamientos irregulares como Santa Cecilia, Sacbé, Tres Reyes, El Milagro y Avante han descartado visitar los hospitales y optan mejor por sistemas alternativos, como la partería. En 2020, 13 de las 37 migrantes que tuvieron hijos en colonias irregulares (35 por ciento) lo hicieron con ayuda de una partera. Como Juana, una indígena guatemalteca de 35 años que a los pocos meses de embarazo dejó su país para migrar a Cancún en búsqueda de un mejor panorama económico.
A las 23:04 horas del 29 de agosto de 2020 tuvo a su hijo en su casa. El bebé, que había cruzado la frontera mexicana en el vientre de Juana, midió 54 centímetros, pesó 3.7 kilogramos y llegó saludable a Santa Cecilia, uno de los asentamientos irregulares más precarios de Cancún, donde la pobreza alcanza a más del 80 por ciento de la población, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus).
Sistema de cuidados, gran pendiente
Isabell Urías llegó a Cancún cuando ella tenía tres años y su mamá, 22. Ahora Isabell, quien es originaria de Guatemala, tiene cuatro años y vive en Avante, una de las colonias irregulares con la mayor población proveniente de Centroamérica.
Avante surgió hace cuatro décadas en la periferia de Cancún, al pie de la carretera que conduce hacia Mérida, Yucatán. Los primeros pobladores fueron personas que invadieron el ejido ante la necesidad de contar con un lugar para vivir. Levantaron palapas en el monte, se acomodaron en ellas y nunca más se fueron. De a poco, lo que inició como una invasión devino en uno de los asentamientos irregulares más grandes y largos que hay: tiene cerca de cinco kilómetros de extensión y es paralelo a otros como Tres Reyes, Valle Verde, El Milagro, Nuevo Milenio y La Libertad.
La colonia se fue desarrollando conforme se iba tendiendo el único camino existente. A los costados de la vía se levantaron casas y en ellas se abrieron negocios: pollerías, tiendas de abarrotes, fruterías, expendios de alcohol. Este camino principal se bifurca en intrincadas brechas donde la vegetación se hace cada vez más presente. En uno de esos caminos, entre árboles chacá y palmas chit, hay seis casas a medio construir habitadas por guatemaltecos.
Isabell llegó a Avante el año pasado porque ahí vivía su abuela, Ada Madai Roblero López, quien solicitó refugio al Estado Mexicano en enero de 2020 por haber sido víctima de la delincuencia organizada en su país. Mientras juega a simular llamadas con un teléfono de plástico, Isabell presume que está aprendiendo inglés.
—Uan, tu, tri, for faiv, six, seven, eight, nine, ten. Ya sé contar hasta el 10.
También, dice, está aprendiendo a escribir. Va por pluma y papel para escribir “Te amo”, pero como es zurda lo escribe de derecha a izquierda y con las letras volteadas: “omɐ ɘ†”.
—¿Y quién te enseñó a escribir?
—Ella —dice la niña, señalando a su tía, Yareimy Salvador Roblero, la hija menor de Ada, de siete años.
Ante la falta de guarderías en los asentamientos irregulares, niñas como Isabell o Yareimy se ven obligadas a quedarse en casa todo el día o a trabajar desde pequeñas con sus madres en el tianguis, donde venden ropa y juguetes de segunda mano para ganar algo de dinero.
En ocasiones a Yareimy le toca cargar bolsas hasta el tianguis, caminar entre el monte hasta Tres Reyes, el asentamiento colindante donde pasa el transporte público que las acerca hasta el punto de venta, y después animar a la gente para que les compre los juguetes que ella quisiera tener para sí.
Isabell y Yareimy se ven obligadas a trabajar por la falta de guarderías, kinders o espacios alternativos de cuidado en los asentamientos irregulares. Hay, es cierto, un kínder en Avante, pero es insuficiente: en el asentamiento viven más de 20 mil personas e Isabell fue rechazada porque el kínder estaba saturado. A las y los niños rechazados les quedan dos opciones: quedarse solos en casa, expuestos a los riesgos de permanecer en una palapa o cuarto improvisado entre el monte, en una colonia con altos índices de violencia, o acompañar a sus madres al trabajo y demás tareas en el exterior.
La falta de un sistema de cuidados, comenta Luis Enrique González Araiza, director ejecutivo de FM4 Paso Libre, una organización sin fines de lucro con sede en Guadalajara y dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad y refugiadas, impide la independencia financiera de las mujeres migrantes y también su proceso de integración.
“No hay ni una política concreta para los mexicanos en el tema del sistema de cuidados, mucho menos para estas personas. Y eso es un problema porque tú tienes una familia monoparental de una madre que se hace cargo de los hijos, ¿cómo generas un proceso de integración con esa madre si no tiene dónde cuidar a sus hijos y, por tanto, no puede ir a trabajar, no genera capital? Se jodió. Claramente es un tema hípernecesario, porque si no hay un sistema de cuidados la gente no puede chambear, no puede hacer nada”, opina González Araiza.
Asistencia social en problemas
A pesar de ser la ciudad con la mayor internación de extranjeros del país; aun cuando es parte de la ruta migratoria de centroamericanos, sudamericanos y caribeños, así como una de las ciudades con más solicitudes de refugio, Cancún no cuenta con albergues ni espacios de acogida para atender a la población en contexto de movilidad.
Apenas en noviembre de 2022 el DIF Cancún reformó su reglamento para incluir a las personas en movilidad dentro de su población de interés. Aún queda pendiente la apertura de la ventanilla de atención, que ha quedado suspendida “por haber otras prioridades”, de acuerdo con la Secretaría General del Ayuntamiento. Asimismo, apenas el año pasado inició la construcción del primer refugio para niños, niñas y adolescentes (NNA) en situación de movilidad —aún inconcluso—.
Y aunque Quintana Roo cuenta con 12 Centros de Asistencia Social (CAS) —ocho públicos y cuatro privados—, lejos de servir como espacios de cuidados alternativos o de acogida para NNA en movilidad, han servido más como lugares que son usados por la Fiscalía General del Estado para canalizar ahí a aquellos que cuentan con medidas de protección especial, o son utilizados por el Instituto Nacional de Migración (INM) para resguardar a los menores que detiene en territorio mexicano mientras esperan a que se les restituyan sus derechos.
Esto es posible gracias a la reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 2015, que establece que los NNA deben alojarse en espacios diferentes a la población adulta y fuera de las estaciones y estancias migratorias.
Entre 2016 y 2021 los 12 CAS de Quintana Roo albergaron a 97 niños, niñas y adolescentes en movilidad no acompañados que arribaron a la entidad y que fueron detenidos por el INM o canalizados por la FGE, de acuerdo con datos del DIF Quintana Roo obtenidos vía Transparencia.
En contraste, en ellos no se ha albergado a ninguno de los NNA en movilidad y en situación de vulnerabilidad y que son sujetos de asistencia social que pueblan los asentamientos irregulares.
Marisol Sendo, directora del DIF Cancún, reconoció la falta de asistencia social de NNA en estos sitios por parte del organismo, que son los de mayor marginación y pobreza, según un estudio reciente de la Sedetus.
Justificó que se debe a la falta de presupuesto y a la sobresaturación que tienen en algunos Centros de Asistencia para infancias. Sin embargo, afirma, en los próximos años planean cambiar la estrategia.
“En este año yo ya programé brigadas asistenciales, que llevaremos a zonas irregulares. Al ver ciertas necesidades, le pedí a mis directoras de Salud y de Desarrollo Social que me planearan brigadas en colonias irregulares para identificar este tipo de situaciones”, dice Sendo.
“Mi plan es este año hacer dos brigadas al mes, una de ellas tendría que ser en asentamientos irregulares. Son brigadas integrales, donde todos los servicios del DIF salen, el área de psicología, médica, dental, legal, optometría, de actividades lúdicas”, añade.
Por otro lado, hasta 2020 ninguno de los 12 CAS contaba con autorización de funcionamiento emitida por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Sólo uno —que es privado: Ciudad de los Ángeles— contaba con certificación y está debidamente inscrito en el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social, lo que quiere decir que el único que ha sido supervisado por autoridades federales.
Ni siquiera la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo (Cdhqroo) ha realizado visitas a estos CAS para verificar el respeto a los derechos universales, pese a que está facultada para ello. Felipe Nieto Bastida, encargado de despacho del organismo, aseguró que la falta de presupuesto y personal les ha impedido hacerlo.
Violencia vs niños migrantes
Hay mujeres en los asentamientos irregulares que por trabajo —tienen que ir hasta la zona hotelera a cumplir su jornada o a alguna casa ajena para asearla— dejan a sus hijos solos en las palapas o en cuartos a medio construir, de lámina, madera o concreto, con telas o plásticos haciendo las veces de puertas y ventanas, lo cual representa un riesgo.
El 29 de agosto de 2021, la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Libertad Sexual, el Libre Desarrollo de la Personalidad y Trata de Personas de la zona norte de Quintana Roo inició una carpeta de investigación por abuso sexual en contra de una niña guatemalteca de ocho años de Valle Verde, un asentamiento irregular.
El reporte que hizo el policía que atendió el llamado de auxilio, integrante del Grupo Especial de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género (GEAVI) de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, detalla que la madre se encontraba fuera de su casa, trabajando. Al regreso, encontró a un sujeto abusando sexualmente de su hija. No era la primera vez, pero la niña estaba bajo amenaza de no decir nada al respecto.
Reportes como éste son comunes, de acuerdo con una fuente del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) que pidió el anonimato. El IMM es la única institución pública que cuenta con una oficina en los asentamientos irregulares, a donde llegan migrantes víctimas de violencia para solicitar ayuda. En este módulo, ubicado en la colonia Avante, se atiende cada semana a cerca de cinco mujeres en situación de movilidad, a quienes se les da atención médica, psicológica y asesoría jurídica, comentó la fuente.
Y es que el Caribe mexicano –que recibe con pompa a los miles de turistas que llegan a los lujosos hoteles– resulta violento para los migrantes. Entre 2015 y 2019 la FGE inició 362 carpetas de investigación por delitos cometidos contra migrantes. Violencia familiar, robo y lesiones figuran entre los más comunes, pero también hubo investigaciones por violación, amenazas y homicidio.
Con información de Animal Político
