DG CHETUMAL, Quintana Roo, 26 de mayo.- Con la visita de la Cónsul General del Estados Unidos en Mérida, Dorthy Ngutter, el Congreso de Quintana Roo, “estrenó” protocolos de seguridad, a pesar de la revisión pertenencias de los ciudadanos es una medida calificada como violatoria de Derechos Humanos, y está prohibida en la Ley de Seguridad de Privada.
Sin justificaciones legales, el jefe de seguridad, Luis Monreal improviso las medidas de seguridad, y restringió el acceso al público a la “Casa del Pueblo”, revisando las pertenencias de cualquier ciudadano que necesitará ingresar al recinto público, incluso periodistas que cubren la fuente.
Medida podría violentar los derechos humanos de los usuarios
De acuerdo con el encargado de Despacho de la Comisión de Derechos Humanos, Felipe Nieto Bastida, “la medida podría violentar los derechos humanos de los usuarios, y el derecho a la privacidad y propiedad privada, que están protegida por el Articulo 14 y 16 de la Constitución con independencia a la instancias privadas y públicas”.
El encargado de despacho, puntualizó que los ciudadanos no están obligados a aceptar la medida, y que al tratarse de un recinto publicó no pueden restringir el acceso sin fundamentación, la cual refiere a la presunción de la comisión de un delito”.
No es la primera vez que recurren a medidas ilegales
Esto quiere decir que, con carácter general, entre las funciones que desempeña un vigilante de seguridad no se encuentra la de realizar registros de bolsos.
Cabe mencionar que no es la primera vez que el Poder Legislativo, incurre en medidas ilegales para garantizar la seguridad del recinto.
En 2020, al inicio de la Décimo Sexta Legislatura, la entonces Junta de Gobierno y Coordinación Política, Reyna Durán Ovando impulsó un protocolo similar, que condicionaba el acceso al recinto a los periodistas de la fuente, a través de credenciales expedido por el Congreso del estado, y la revisión de partencias, ante la inconformidad del gremio, la Comisión de Derechos Humanos determinó que el protocolo violentaba los derechos de los comunicadores.
HAY RECURSOS PERO NO PARA ARCOS DE SEGURIDAD
Desde entonces la medida fue suspendida, pero, a tres de años de la administración Reyna Durán, y después de la presidencia de Gustavo Miranda, Eduardo Martínez Arcila y a ochos meses de la administración de Renán Sánchez Tajonear.
La Décimo Séptima Legislatura no cuenta con protocolos básicos como la instalación de arcos de seguridad o escáner detectores de metales que impidan el ingreso de artículos peligrosos, como armas de fuego, o blancas, que ponen en peligro a los trabajadores del Congreso, diputados y visitantes.
