A través de la figura de un Amicus Curiae de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford suman elementos de estudio sobre la inconstitucionalidad de la totalidad del llamado Plan B electoral, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para someterlos al análisis del Máximo Tribunal.
El Amicus Curiae (amigos del tribunal o de la Corte) es un documento que aporta argumentos y opiniones jurídicas para enriquecer los elementos de juicio que los juzgadores podrán tomar en cuenta sobre un caso concreto a resolver. Proviene de terceros ajenos al litigio con el objetivo de fortalecer el estudio del tribunal sobre una asunto de carácter trascendente.
En el informe técnico se establece que el paquete de reformas que han sido aprobadas en el Congreso atenta contra el principal árbitro electoral en nuestro país”, se lee en el boletín de prensa.
La Barra Mexicana Colegio de Abogados y la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford aportan argumentos legales sobre el decreto impugnado en la Controversia 261/2023, por considerar que amenaza la independencia de instituciones electorales en México.
En el documento se destaca la imperativa necesidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) cuente con la infraestructura adecuada, recursos y fortaleza laboral que aseguren la efectividad e imparcialidad de los procesos electorales para garantizar elecciones justas y equitativas.
El Amicus Curiae fue presentado a las ministras y ministros con fecha del 26 de mayo de 2023 y fue firmado por Víctor Oléa Peláez, Presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y Amrit Singh, Directora Ejecutiva del Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford y en él se identifican los siguientes riesgos graves para el INE:
- Eliminación del 84 por ciento del personal del servicio profesional de carrera del Instituto Nacional Electoral encargado de la organización de las elecciones. Ambas instituciones consideran que este drástico recorte eleva considerablemente las posibilidades de fraude electoral.
- El decreto analizado en la Corte viola la capacidad de autorregulación del INE permitiendo que el Ejecutivo Federal imponga al instituto nuevas estructuras, diseños organizacionales y recursos humanos, lo que vulnera gravemente su independencia, violando las obligaciones internacionales de México relacionadas con el principio democrático, el derecho al voto y el derecho a participar en elecciones periódicas auténticas.
- La reforma impugnada otorga a la Secretaría de Hacienda la facultad de alterar unilateralmente el presupuesto del instituto, lo que limita gravemente su autonomía.
- El llamado Plan B electoral permite al Ejecutivo intervenir en las decisiones internas de carácter operativo y técnico en el INE, situación que viola los compromisos y obligaciones internacionales de nuestro país para garantizar organismos electorales independientes.
El documento quedó a consideración de las ministras y ministros que integran el pleno del Tribunal Constitucional, y del cual detallaron que “constituye una aportación relevante desde el sector del litigio y académico a nivel internacional”.
Con información de López-Dóriga Digital
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