(D.G.) PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo, 06 de octubre. – Por considerar que se viola la autonomía municipal, el Ayuntamiento de Solidaridad, promoverá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la aprobación del Decreto 93 que reformo la ley de Asentamientos Humanos en Quintana Roo, donde se exige a desarrolladores tramitar una segunda licencia de construcción ante la Secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano Sustentable (Sedetus) de Quintana Roo, adicional a la que expide el municipio.
En la sesión de Cabildo el técnico jurídico del Ayuntamiento, Félix Olave explicó que el decreto obliga a los desarrolladores o personas que quieran construir una casa, a que después de tramitar sus licencias de construcción en el municipio, deberán tramitar una segunda licencia ante la Sedetus.
Pero, además destacó que no es la primera vez que el Gobierno del estado intenta obligar a los ciudadanos realizar estos trámites, pues en el sexenio de Carlos Joaquín se aprobó un decreto similar en 2021, pero fue invalidado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacional por violentar el artículo 115 Constitucional, justo en la administración de Lara Beristain Navarrete.
“En 2021 la Corte invalidó estos artículos de las Ley de Asentamientos Humanos justamente porque decían que vulneraba las competencias del municipio, establecidas en el 115 Constitucional en la fracción IV d) y f) establece la facultad de los municipios a expedir licencias en materia de construcción, y no somete que estos permisos puedan ser “convalidados” con otra autoridad de cualquier otro nivel”, puntualizó.
Explicó que la reforma publicada el 24 de agosto de 2023, en el decreto 93 el Congreso del estado, reformó disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos, la Ley de Acciones Urbanísticas y la Ley de Equilibrio Ecológico, donde exige que los desarrolladores de todos los municipios deben tramitar una “Constancia de Congruencia Urbanística Estatal” ante la Sedetus.
“Es decir vuelven a vulnerar la autonomía del municipio en materia de asentamientos humanos, al exigir esta licencia a la que solo le cambiaron el nombre… resulta necesario acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para solicitar la invalidez de estos artículos”, advirtió.
Por último, la iniciativa fue aprobada con tres votos en contra: irónicamente, la regidora que ganó la Controversia Constitucional al Gobierno de Carlos Joaquín por el mismo tema, Laura Beristain Navarrete, Ruvicel López Pérez, y Luis Alan Ochoa.
A partir de ahora, el Ayuntamiento tiene luz verde para ingresar la Controversia Constitucional ante la SCJN.
