(D.G.) CHETUMAL, Quintana Roo, 09 de noviembre. — A propuesta del diputado del Partido del Trabajo, con 22 votos a favor, el Congreso de Quintana Roo exhortó al Senado de la República a cumplir con la designación del titular de la Magistratura vacante en el Tribunal Electoral de Quintana Roo, (Teqroo).
El exhorto ocurre a 11 meses de que concluyera el periodo del entonces magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, y si espacio fuera cubierto por una magistrada suplente, y a unas semanas del inicio del proceso electoral 2024.
Al respecto el diputado Hugo Alday expuso que es un paso significativo en la democracia, y la justicia electoral.
“Esta designación requiere una acción inmediata y efectiva ya que se trata de una posición crucial del sistema de justicia electoral en el estado”, puntualizó.
Destacó que la relevancia de abordar esta situación radica “en el cumplimiento del artículo 116 fracción IV numeral 5 de la Constitución General de la República, que establece la responsabilidad del Senado de la República en la designación de magistrados electorales locales.
La ausencia de un magistrado electoral en Quintana Roo representa una falta de cumplimiento de esta disposición constitucional y un debilitamiento en la estructura de justicia electoral en la entidad.
“Es así que, dado que estamos en la víspera de un proceso electoral de gran trascendencia en México y para el estado de Quintana Roo, con la renovación del Congreso local, de nuestros legisladores federales -es decir de diputados y senadores- de presidentes municipales con sus cabildos, desde nuestra posición como personas legisladoras debemos hacer lo legalmente posible para contar con autoridades electorales debidamente formalizadas” subrayó el legislador petista.
Por último, Hugo Alday refirió que el respeto a los procedimientos establecidos en la Constitución General de la República y la pronta designación de un magistrado electoral es fundamental para asegurar la estabilidad y eficiencia del sistema de justicia electoral en Quintana Roo para preservar la integridad del proceso electoral y el sistema de justicia en el estado.
