VH PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo, 5 de junio.- Al menos mil personas privadas de su libertad, ejercerán su derecho al voto, el próximo 2 de junio en casillas electorales que serán instaladas en los tres Centros de Reinserción Social de Quintana Roo, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres.
El funcionario señaló que desde hace tres meses tras sostener reuniones con el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Quintana Roo, para coordinarse en la jornada electoral, se tiene previsto que por primera vez las personas privadas de su libertad, y que estén en calidad de procesados puedan ejercer su derecho al voto en Quintana Roo.
“Está previsto que por primera vez las personas privadas de su libertad que se encuentran en Centros de Reinsercion Social del estado, a nivel nacional también, que no están en calidad de sentenciados, solo procesados, puedan ejercer su voto”, explicó.
Y subrayó, “se van a colocar casillas, hay un censo que está llevando a cabo el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Quintana Roo en coordinación de nosotros, por la naturaleza propia de los centros, esto está caminando y se llevará a cabo de manera satisfactoria”.
Por último, señaló que serían más de mil personas privadas de su libertad, que podrían ejercer su voto en el estado.
VOTAR EN LA CÁRCEL
En el país hay 263 centros penitenciarios ubicados en los 32 estados de la República: 15 federales y 248 estatales.
Las personas en prisión preventiva podrán votar de forma anticipada al interior de los centros penitenciarios, para lo cual se contará con un protocolo de seguridad e infraestructura para la instalación de Mesas Receptoras del Voto, conforme a lo informado por la Secretaría de Seguridad Pública competente.
El personal del INE será el encargado de elaborar y entregar las invitaciones y solicitudes determinadas en el Listado Nominal, además de integrar los sobres-paquete-electorales de seguridad con la documentación necesaria y, de recabar la votación anticipada de las personas en prisión preventiva durante el periodo del 6 al 20 de mayo del 2024.
A su vez, el escrutinio y cómputo de la votación se llevará a cabo en las mesas que sean aprobadas por los Consejos Distritales, mientras que el Instituto y los Organismos Públicos Locales (OPLEs) realizarán la incorporación de los resultados a los sistemas electorales, conforme a cada tipo de elección.
Las personas que deseen votar en la próxima contienda federal deberán estar inscritas en la Lista Nominal, y no estar suspendida en sus derechos político-electorales y manifestar su intención de derecho al voto.
Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana proporcionarán al INE una base de datos de las personas privadas de su libertad en los CEFERESO, y que se encuentren en prisión preventiva, que contenga al menos: nombre(s), apellido paterno, apellido materno, sexo, fecha y lugar de nacimiento.
Para materializar este derecho, se deberá llevar a cabo un esfuerzo conjunto entre el INE, las juntas locales y distritales, los OPLEs, así como las autoridades penitenciarias y de seguridad pública de los diversos niveles de gobierno.
POBLACIÓN PENITENCIARIA EN CIFRAS
Al corte de julio de este año, el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023 del INEGI, sobre el estatus jurídico de las personas privadas de la libertad o internadas en los centros penitenciarios y centros especializados, señala que en 2022, había 88,172 personas sin sentencia o medida cautelar de internamiento preventivo.
Otras 26,653 con sentencia no definitiva, 111,162 contaron con sentencia definitiva, en tanto que en 3,129 personas, no se identificó su estatus.
En 2022, 39% de la población privada de la libertad o internada no contó con una sentencia. En el caso de los hombres, es del 38.4% y de las mujeres, 49.3%.
Y conforme al censo referido, del total de la población privada de la libertad sin sentencia, 50.2% se encontraba en prisión preventiva oficiosa; 23.9% en prisión preventiva justificada; 11.4% en otro supuesto jurídico y en un 14.5% no se identificó el tipo de estatus jurídico.