Playa del Carmen, Quintana Roo, 06 de marzo de 2024. – La Desarrolladora de la Riviera Maya (Derimaya), recupera sus cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al obtener el amparo que un juzgado de distrito le negó. Esto, al recurrir a una segunda instancia, en este caso el Tribunal Colegiado, quien consideró es procedente el amparo.
Hay que recordar, fue a mediados de febrero cuando la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de esta Derimaya, como parte de una serie de investigaciones que incluye a la Fiscalía general del Estado (FGE), por no informar sobre el destino de los recursos que ingresaron desde el 2021, de parte de los ciudadanos que buscan la titulación de sus viviendas ubicadas en la colonia Luis Donaldo Colosio.
En el Juzgado Tercero de Distrito, la Derimaya promovió el pasado 14 de febrero un amparo indirecto, contra leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general; específicamente, contra la Ley de Instituciones de Crédito, en su artículo 115, que establece el acuerdo de bloqueo de cuentas bancarias, denuncia por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que le fue rechazado.
Por ello, presentó el recurso ante el Segundo Tribunal Colegiado donde, como se lee en el expediente número 70/2024, para Impugnar con el recurso de queja, “Es fundado el recurso de queja”.
Son dos cuentas las que el Segundo Tribunal le permitió a la Derimaya; una con banco Santander, y la otra con banco Scotiabank Inverlat, “para que disponga solo de la cantidad que represente el remanente de lo asegurado y/o bloqueado y/o congelado y/o embargado”, se puede leer.
“Se enfatiza que la concesión de la medida cautelar NO PUEDE IMPLICAR EL LEVANTAMIENTO DEL ASEGURAMIENTO, BLOQUEO, CONGELAMIENTO O EMBARGO DECRETADO, porque ese alcance carece de justificación”, aclara el Tribunal Colegiado.
Independientemente de este resolutivo, hay pendientes otros; uno de los más importantes, el que fue rechazado también para invalidar el aseguramiento de las instalaciones y documentos a manos de la Fiscalía y donde Ofelia González Whitt, en su calidad de socia privada del organismo, también trata de nulificar en una segunda instancia.