TEXAS. – El gobierno del presidente Joe Biden propuso este lunes una norma que trasladaría a unos 700 mil migrantes que llegaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños al final de la fila para ser deportados, en un intento por preservar un programa de la era de Barack Obama recientemente anulado por un juez.
La propuesta del Departamento de Seguridad Nacional “preservaría y fortalecería” el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) lanzado en 2012, informó la agencia, y garantizaría que los jóvenes productivos con pocos vínculos con sus países de origen no sean deportados.
Los beneficiarios de DACA, conocidos como “dreamers“, reciben autorización de trabajo, acceso a licencias de conducir y un mejor acceso, para algunos, a ayuda financiera para la educación, pero no un camino hacia la ciudadanía.
Para ser elegible para DACA, las personas debían tener menos de 16 años cuando llegaron a Estados Unidos y residir continuamente en el país durante cinco años. También deben tener un diploma de secundaria o su equivalente y no haber sido condenados por ningún crimen u otros delitos graves.
En un dictamen de julio, un juez federal de Texas determinó que DACA fue creado ilegalmente por el expresidente Obama y bloqueó al Departamento de Seguridad Interior (DHS) para que aceptara nuevas solicitudes para el programa. La administración Biden está apelando esa decisión.
El DHS anunció este lunes que, mientras tanto, tenía sentido concentrar sus limitados recursos en deportar a las personas que, a sabiendas, ingresaron ilegalmente al país.
La norma propuesta es particularmente importante después de un intento de los demócratas del Senado para insertar un camino hacia la ciudadanía para los ‘dreamers’ en un proyecto de ley de presupuesto que se vio obstaculizado la semana pasada, según Stephen Yale-Loehr, profesor de derecho de inmigración de la Facultad de Derecho de Cornell.
“Aunque los demócratas intentarán encontrar otras formas de proporcionar un camino hacia una tarjeta verde para los ‘dreamers’, la regla propuesta podría ser una red de seguridad temporal para ellos si la legislación falla”, sostuvo Yale-Loehr.