Por Martín G. Iglesias
Desde el Gobierno Legítimo de Andrés Manuel López Obrador en el 2006, tanto él como sus colaboradores, ya bosquejaban lo que sería su Plan de Desarrollo, el que fueron perfeccionando en el 2012 y al llegar a la Presidencia de la República en el 2018, lo pusieron en marcha.
Varias reformas han realizado desde hace seis años, como la desaparición de los fideicomisos, la descentralización de algunas dependencias, la reingeniería administrativa del gobierno federal, dentro de las que se encuentra la extinción de los llamados órganos autónomos, donde ya siete de ellos pasarán a formar parte de la estructura del gobierno, de acuerdo con la aprobación de los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura.
El viernes pasado, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Constitución, que proponen la extinción de siete órganos autónomos, a decir, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoradu), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).
Según el Gobierno Federal, la extinción de estos ‘apéndices gubernamentales’ le permitirá un ahorro de en el supuesto de 32 mil 313 millones de pesos (las participaciones de Quintana Roo), que serán utilizados en los programas del bienestar o en el fondo de Pensiones. Lógicamente, también se extinguen los organismos autónomos estatales garantes del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.
Les comento, los órganos autónomos que desaparecen son el INAI, que al adecuar el artículo 41 constitucional, será el Instituto Nacional Electoral (INE) quien tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos.
Para extinguir la Mejoradu, se deroga la fracción IX del artículo 3°, relativa a la estructura, funciones y facultades de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación encargada de coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación; ahora será la Secretaría de Educación la encargada de llevar esas funciones.
Tanto la CNH como la CRE, estarán a cargo del Ejecutivo Federal, o sea que la Presidenta, por conducto de la dependencia encargada de conducir la política energética del país, contará con atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica, así como la facultad sancionadora en materia energética y de hidrocarburos.
El Coneval quedará a cargo del Instituto Nacional de estadística y Geografía (Inegi), quien medirá la pobreza y evaluará los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de estas funciones.
La Cofece queda en manos de la Presidenta, pues será la autoridad en materia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones y le corresponderá el otorgamiento, revocación y autorización de cesiones o cambios de control accionarios, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones. Sería absorbida por la Secretaría de Economía, una medida que elimina la independencia necesaria para regular la competencia justa en los mercados.
Por último, el IFT se integraría a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), quien determinará a quien sí y a quién no le deben otorgar las concesiones de radio y televisión.
Un dato más de esta reforma, es que según la propuesta, la fracción I del artículo 113, referente a la integración del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se cambia la referencia del “Consejo de la Judicatura Federal”, por la de “Tribunal de Disciplina Judicial”.
Así que preparémonos para la opacidad y distribución de concesiones a cuates, familiares y amigos de manera discrecional. Si esto no es centralismo, entonces tiene otro nombre. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, la XVIII Legislatura de Quintana Roo, será la encargada de adecuar las reformas federales, en las leyes estatales, específicamente en el organismo autónomo garante del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.
La redacción propuesta dice que las constituciones de los estados, en términos de la ley general, definirán la competencia de los órganos encargados de la contraloría u homólogos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y demás sujetos obligados responsables de garantizar el derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.
¿Cuántos quintanarroenses se quedarán sin empleo? Al tiempo…