CANCÚN, Quintana Roo, 5 de septiembre. — Las cámaras empresariales de Quintana Roo, se pronunciaron en contra de la elección de popular de jueces, magistrados y ministros que plantea la Reforma al Poder Judicial de la Federación que impulsa el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que solo un voto en el Senador de la República haría la diferencia entre ser o no aprobada.
A través de un comunicado firmador por 30 organismos empresariales, manifestaron estar de acuerdo en la necesidad de impulsar una reforma integral al sistema de justicia, para mejorar el acceso pronto y expedito a la justicia. Sin embargo, consideraron que la elección de juzgadores, magistrados y ministros representa un riesgo significativo para la impartición de justicia.
“Sin duda, uno de los principales riesgos es la elección directa por voto popular de jueces, magistrados y ministros, ya que introduce un riesgo significativo de politización en la administración de justicia, comprometiendo la independencia judicial. Este mecanismo podría derivar en decisiones judiciales influenciadas por intereses electorales e influencias externas contraviniendo el principio de imparcialidad que debe regir el Poder Judicial”, destaca el comunicado
Por lo que en rubro, se pronunciaron a favor de fortalecer la carrera judicial enfocándose en el mérito y la formación continua, respaldado por comisiones de selección independientes y transparentes que prevengan la politización y la influencia de grupos de poder en estos cargos.
“Es crucial implementar evaluaciones periódicas y colaborar con organismos internacionales para asegurar que los estándares de independencia judicial se mantengan elevados y libres de presiones externas”, precisaron.
Destacaron que su preocupación, es que la iniciativa no atienda las problemáticas de los poderes judiciales estatales, ya que es en el fuero común donde se resuelve la mayoría de los juicios en México. Garantizar que estos tribunales cuenten con los recursos adecuados y suficientes, además de la formación continua para los jueces y una estructura robusta, dijeron es esencial para asegurar un acceso equitativo y eficiente a la justicia en todo el país
Al reconocer que no puede haber una correcta impartición de justicia sin una adecuada investigación, señalaron que es urgente y necesario acompañar la propuesta de fortalecimiento con un robusto apoyo a las fiscalías, que dependen del poder ejecutivo Estatal y Federal, responsables de la investigación y persecución de los delitos. Estas instituciones deben de estar dotadas de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para desempeñar sus funciones de manera efectiva e imparcial.
Respecto a la propuesta de la reforma, para desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que actualmente se encarga de la formación y disciplina dentro del Poder Judicial, y su reemplazo por un Tribunal de Disciplina Judicial con autoridad superior incluso a la SCJN, donde los miembros de este Tribunal serían elegidos por voto popular, podría politizar el proceso disciplinario y comprometer la imparcialidad del Tribunal.
Por ello, como alternativa, los empresarios proponen que cualquier nuevo órgano disciplinario esté compuesto por expertos seleccionados a través de un proceso meritocrático y transparente, evitando así la influencia política y asegurando la imparcialidad en la administración de justicia”, destacaron.
Destacaron que en las últimas semanas, la reforma ya está generando una creciente incertidumbre entre inversionistas nacionales e internacionales, debido a la amenaza que representa para la independencia del Poder Judicial.
“Estamos en un momento inmejorable por el contexto de nearshoring que terminará por desaprovecharse ante la incertidumbre jurídica que genera la iniciativa. En lo que va del año, solo el 3% de la Inversión Extranjera Directa se refiere a nuevas inversiones. El país requiere generar condiciones de confianza para aprovechar la coyuntura global y atraer más inversiones que resulten en una mayor creación de empleo”, advirtieron.
Pero, además en el ámbito internacional, señalaron que esta reforma podría exponer a México a responsabilidades por incumplir con los estándares de derechos humanos e independencia judicial, lo cual sería muy perjudicial para su posición global.
“Nuestros socios comerciales y organismos internacionales ya han expresado su preocupación sobre sus posibles efectos en los acuerdos comerciales. El T-MEC, en particular, requiere un sistema judicial fuerte y autónomo para resolver disputas comerciales”, reprocharon.
Reconocemos la necesidad de reformar el Poder Judicial para mejorar su eficiencia y garantizar una justicia imparcial. Sin embargo, resulta de suma gravedad que todos los jueces federales y locales sean destituido por un grupo hegemónico en un periodo de tres años.
Advirtieron que la reforma tendría como consecuencia la organización de procesos electorales a gran escala para la selección de aproximadamente Mil 500 nuevos jueces y magistrados a nivel federal y 3 mil 500 a nivel local plantea desafíos logísticos significativos y requeriría una considerable asignación presupuestaria. Por tanto, esta reforma debe ser bien fundamentada y de implementación gradual, abordando todos los aspectos clave mencionados y respondiendo a las preocupaciones de diversos sectores de la sociedad.
Por las razones expuestas, instaron a los legisladores a reflexionar sobre los riesgos que la reforma propuesta podría traer a la estabilidad jurídica, económica y social del país. Estamos convencidos de que el modelo planteado por la reforma que se discute en el Congreso no está orientado a la calidad ni a la independencia.
Y en consecuencia, pidieron al Poder Legislativo abrir un proceso más amplio de escucha y diálogo plural, de tal manera que las decisiones sobre cualquier reforma sea el resultado del más amplio consenso social y político.
“México se encuentra en un momento crítico en el que las decisiones que tomemos hoy definirán el futuro de nuestra nación. Es fundamental que cualquier reforma al Poder Judicial sea abordada con la diligencia y responsabilidad que la situación amerita, priorizando siempre el bienestar de la sociedad y la necesaria certeza jurídica para la estabilidad de nuestro país”, advirtieron.