La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, presentó este domingo una propuesta alterna de reforma judicial.
Esta propuesta parte de un ejercicio amplio de escucha y diálogo con todos los actores de los sistemas de Seguridad y Justicia federal y locales, así como con legisladores, organizaciones de la sociedad civil, academias, estudiantes y víctimas de violencia”, aseguró en un mensaje.
La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, presentó una propuesta alterna de reforma judicial.
“Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de Seguridad y Justicia en el país son culpa de los jueces” pic.twitter.com/RjZeUgI59b
— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 8, 2024
La ministra Piña Hernández señaló que se presentarán dos documentos para su análisis:
- ‘Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas‘: Un diagnóstico que integra las necesidades reales, tanto de quienes tienen a su cargo funciones de Seguridad y Justicia, como de quienes interactúan con ellos.
- ‘La reforma al Poder Judicial en voz de la Judicatura‘: Un proceso reflexivo y autocrítico de las jueces y jueces federales, magistradas y magistrados federales, así como personal de los órganos jurisdiccionales y 11 sistemas de justicias locales.
Ministra Presidenta de la @SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal presenta documentos de análisis para un sistema integral de justicia
🔗 Documentos: https://t.co/abP8yk0BJM
🔗Comunicado: https://t.co/JYGMNihkFe pic.twitter.com/x0QnarM4nE
— CJF (@CJF_Mx) September 8, 2024
Ambas propuestas, apuntó la ministra presidenta de la Suprema Corte, coinciden con recomendaciones y determinaciones dirigidas por organismos internacionales e interamericanos de derechos humanos al Estado mexicano.
La ministra Norma Piña hizo un “llamado respetuoso, pero firme” a los legisladores y a las autoridades de los sistemas de Seguridad y Justicia a “cambiar las cosas”. “Debemos escucharnos entre poderes de la unión, escuchemos a las víctimas de violencia y a las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos, escuchemos a los organismos de Justicia internacional, a los estudiantes y a los jóvenes que han salido a las calles para reclamar su derecho a un futuro libre y a un país en paz”.
Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de Seguridad y Justicia en el país son culpa de los jueces; quienes así lo crean, no conocen México. Desde el Poder Judicial Federal les decimos honestamente que nuestra resistencia no está en función de nuestro presente, nuestra convicción y compromiso va más allá de nosotros, es con las generaciones que vienen y fundamentalmente con el país que todos anhelamos”, manifestó.
La reforma al Poder Judicial ha desatado diversas protestas en México, entre ellas un paro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como marchas estudiantiles en contra de la iniciativa, lo que orilló a los legisladores a llevar a cabo la sesión en una sede alterna, ya que los accesos al Palacio legislativo fueron bloqueados por los inconformes.
Se prevé que se discuta en el Pleno del Senado el miércoles 11 de septiembre.
El dictamen, propuesto en un paquete de 20 reformas en febrero pasado por López Obrador, avaló entre otros puntos: reducir de 11 a 9 los ministros de la SCJN y que su encargo pase de los 15 a los 12 años, además de dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, la primera de ellas extraordinaria, en junio de 2025 y una segunda en 2027.
También contempla la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros de la Corte, y un ajuste a sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de México.
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Además de sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por dos instituciones, incluyendo un Tribunal de Disciplina Judicial, y la eliminación de las dos salas con las que cuenta actualmente la Suprema Corte.
La reforma judicial en México ha levantado advertencias por organismos multilaterales, como las Naciones Unidas; organizaciones empresariales, como la International Chamber of Commerce; calificadoras, como Fitch; y entidades como Citibanamex, Stanley Morgan y UBS, entre otros como las embajadas de Estados Unidos y Canadá, por representar riesgos a la inversión privada, tratados comerciales y posibles sanciones económicas.
Con información de López-Dóriga Digital y EFE
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