CHETUMAL, Quintana Roo, 20 de octubre.- Gustavo Miranda García diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Quintana Roo, defendió la contratación del software “blockchain” para la encriptación de archivos del Congreso del estado, que costó al poder legislativo casi cinco millones de pesos, diferidos en mensualidades de 620 mil pesos.
En entrevista posterior al anunció de la propuesta de Ley de Amnistía en la entidad, el diputado del PVEM, aseguró que la tecnología contratada para la encriptación de archivos era eficiente y cumplió con las cláusulas del contrato.
“Yo entregue una administración sana donde no hay ninguna obligación de determinar que se contrata, o que no. De hecho nos ayudó a implementar cuatro sistemas: el sistema internó del Congreso, el Sistema de investigación legislativa, el sistema QR y la firma electrónica, se hizo durante un año de gestión”, aseguró
Sobre los señalamientos de que este contrato fue otorgado a una empresa fantasma, Miranda justificó que la razón social de dicha empresa se encontrará en Oaxaca, y que en el domicilio, se encontrara una veterinaria.
“Sabemos que el mapa de Google tarda hasta seis o siete años en hacer un cambio, si gustan le mandamos de quienes tenían ciertas oficinas, lo que importa no son las oficinas- Se decía que era una veterinaria- Sí, eso es falso, quién hoy haga una investigación se dará cuenta que el mapa de Google no se actualizó”, afirmó.
Por último contrario a los resultados de búsqueda en la plataforma de transparencia, el diputado del Verde aseguró que el contrato está en dicha portal.
“¿El convenio terminó? Sí, es correcto, nosotros terminamos todos los contratos, los documentos ahí están en la página de transparencia”, finalizó.
EL POLEMICO CONTRATO
En principio se rumoraba que el sistema tenía un costo superior a los 60 millones de pesos, y 15 días antes de concluir la administración de Miranda al frente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso. se confirmó que costó 4.9 millones de pesos.
Pero las irregularidades no quedaron ahí, la Jugocopo no firmó directamente con Avalanche Latinoamérica el contrato.
Sino con un intermediario que lo mismo se contrata para obras de ingeniería que para prestar “servicios administrativos”, la cual se llama MTZ Especialistas y Soluciones Integrales S. C., representada por Raúl Martínez Trujillo y con sede en Oaxaca, Oaxaca.
Es decir MTZ Especialistas y Soluciones Integrales S. C. ni siquiera estaba dada de alta en el Padrón de Proveedores, lo cual viola la legislación local.
La polemica creció cuando en el domicilio según Google Maps figuraba una veterinaria, y no una oficina de la empresa desarrolladora de la tecnología.
Finalmente el contrato de la proveedora del sistema blockchain ,expiró en agosto y como renovarlo tenía un costo de 600 mil pesos el actual presidente de la Jugocopo descartó continuar con el contrato.
