Diana García
CANCÚN, Quintana Roo, 9 de enero.— Lejos del discurso de “no crear, ni aumentar impuestos”, la presidenta municipal de Benito Juárez (Cancún), Ana Patricia Peralta De la Peña solicitó al Congreso de Quintana Roo reformar la ley de hacienda recién aprobada en diciembre, y aprobar una nueva fórmula que permita actualizar tablas de valores catastrales, y cobrar el “Derecho de Alumbrado Público” en el municipio, a todos los predios que no tengan un contrato por el servicio de energía eléctrica, a través de dos iniciativas.
Los documentos tendrán un impacto directo en la recaudación del ejercicio fiscal 2025, el cual fue aprobado con una ley de ingresos por siete mil 465 millones 637 mil 481 pesos, 15 por ciento más que en el 2024.
En un documento, la alcaldesa “Ana Paty” con el argumento de realizar una “precisión” en la fórmula que calcula las tablas de valores catastrales, solicitó al Poder Legislativo, reformar el Decreto 050 aprobado en diciembre por la Décimo Octava Legislatura, con las tablas de valores unitarios de suelo, y construcción que servirá de base para el cobro de las contribuciones sobre los bienes inmuebles en el municipio de Benito Juárez.
El documento señala que “en una revisión de la Dirección de Catastro se observó que la fórmula matemática correspondiente para el cálculo del valor de la construcción aparecía en dos reglones, cuando debería ser en uno solo, lo anterior en razón de un cambio de formato en el archivo digital”. Es decir, un supuesto error.
Pero, en una segunda iniciativa, plantea a los diputados, reformar la ley de Hacienda del municipio, para cobrar el 5 por ciento del importe del consumo energía eléctrica por “Derecho de Alumbrado Público”, en predios “rústicos, suburbanos, o urbanos que no estén registrados en la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, es decir que no tengan un contrato por el servicio de energía eléctrica.
La reforma propone “derogar los párrafos tercero, quinto, séptimo y octavo del artículo 128 de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo”, con el objetivo de suscribir un convenio con la CFE.
“El derecho a que se refiere este artículo podrá ser recuperado con aportaciones correspondientes al 5%, equivalente al importe del consumo de energía eléctrica que conste en el recibo o factura de pago que expida la Comisión Federal de Electricidad a los usuarios”, señala el documento.
TODOS PAGARÁN AUNQUE NO TENGAN SERVICIO DE LUZ
En otro párrafo, precisa que “Los propietarios o poseedores de predios rústicos, suburbanos o urbanos que no estén registrados en la Comisión Federal de Electricidad, y cuenten con el beneficio del servicio de alumbrado público que presta el Municipio pagarán la tarifa que previamente establezca la Tesorería Municipal, mediante el recibo que para tal efecto expida la Tesorería Municipal”.
“El pago será efectuado en parcialidades mensuales, que deberán ser enteradas dentro de los primeros diez días de cada mes, pudiendo realizarlo simultáneamente con el pago del impuesto predial correspondiente”, resalta en el documento.
Cabe mencionar que en 2023 la medida fue controvertida por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerar que en ese momento, el Ayuntamiento de Tulum invadió una competencia exclusiva del Congreso de la Unión, para promover el cobro del DAP, con una fórmula que vulneraba el principio de proporcionalidad tributaria aplicable al pago de derechos. Pues permite cobrar montos distintos sobre un mismo servicio, en “inobservancia del principio de equidad tributaria”.