Diana García
CANCÚN, Quintana Roo, 19 de Febrero. –Los abogados, asesores técnicos y personal administrativo del Instituto Federal de la Defensoría Pública en Quintana Roo, se manifestaron en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en Cancún, en contra de la eliminación de prestaciones laborales para su retiro, sin que está medida fueran incluidas en la reforma Constitucional.
En entrevista, el maestro en derecho penal y Defensor Público Federal, Fernando José Escobar Alba, explicó que un total de120 personas en Quintana Roo, serán afectadas con una medida discriminatoria y fuera de la legalidad, debido a que la reforma constitucional en el artículo 116 no contempla afectaciones salariales a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, por lo que serán interpuestos amparos indirectos y demandas laborales por el incumplimiento del pago de la prestación.
“Se nos quitó de una manera discriminatoria, si bien la reforma de la constitución contempla que no podría haber afectaciones en los salarios de los Trabajadores del Poder judicial de la Federación. A un grupo especifico los defensores y asesores del Instituto Federal de la Defensoría Pública, se decidió unilateral y discriminatoria que se nos quitará el seguro que teníamos para retirarnos, lo cual no tiene ningún fundamento legal”, explicó.
Subrayó que es un asunto discriminatorio porque, otros profesionistas del Poder Judicial de la Federación con mayores salarios, “no les fue quitada esta prestación”.
Se trata de los abogados que defienden a personas con procesos jurídicos que no cuentan con los recursos económicos para contratar abogados particulares, es decir los abogados del pueblo.
Destacó que el paro de labores se realizó a nivel nacional con movilizaciones en todo el país, de manera simultánea. En la Ciudad de México la marcha fue en el Consejo de la Judicatura Federal, para exponer la problemática a los Consejeros, y poder reintegrar las prestaciones.
Por lo que en protesta también fueron cerrados algunos edificios del Poder Judicial de la Federación entre ellos la sede del edificio Prisma, y el Instituto Federal de la Defensoría.
Por último, puntualizó que los trabajadores promoverán amparos indirectos en contra de la resolución administrativa y una demanda laboral por el incumplimiento del pago de esa prestación para revertir la medida.
En Quintana Roo, estimaron que 120 servidores sean afectados, entre auxiliares administrativos y personal de la Defensoría, al considerar que la medida fue una arbitrariedad.
“Nosotros somos los abogados del pueblo, defendemos a las personas que no cuentan con los recursos para tener un abogado particular. ¿Quién nos defiende a nosotros? Hoy tendrán que manifestarse los Consejeros y habrá más marchas si no nos escuchan”, advirtieron.