CIUDAD DE MÉXICO, 15 de noviembre.- El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró ante el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, que la desaparición de personas es una de las herencias más dolorosas que enfrenta que enfrenta el gobierno de México, por lo que se encuentra abierto al escrutinio internacional.
De acuerdo con El Universal, Encinas reconoció la crisis humanitaria y de derechos humanos que enfrenta México, por las más de 94 mil personas desaparecidas y no localizadas de las que se tiene registro, ante la cual el Estado debe hacer el mayor de sus esfuerzos.
“La desaparición forzada en México tiene elementos de corte histórico y social en la cual la lucha política estuvo asociada a la violencia del Estado y a la lucha armada, y que adquirió una dimensión particular durante la guerra sucia, así como en la mal llamada guerra contra el narcotráfico, que inició en 2006, la cual desató el fenómeno de la desaparición entre particulares, vinculada a la corrupción de las fuerzas policiales ligadas al crimen organizado”, refirió.
El funcionario federal señaló que la actual administración ha asumido y que tiene como punto central la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, con el fin de garantizar verdad y justicia, el derecho al retorno digno a los familiares y a la construcción de una memoria social para la dignificación de las víctimas.
“A la llegada en este gobierno encontramos una crisis profunda ligada a la desaparición, vinculada con los temas forenses identificación humana. Nos enfrentamos a la ausencia de mecanismos de búsqueda deficientes, registros de personas desaparecidas, ausencia de coordinación institucional y una realidad que tenemos que asumir, donde el Estado abdicó de su responsabilidad en la búsqueda de personas, dejando esta tarea a los familiares de las propias víctimas en la búsqueda de sus seres queridos”, comentó.
“Desde la llegada del nuevo gobierno, en diciembre de 2018, asumimos la existencia de esta crisis humanitaria en materia desaparición de personas y violación de Derechos Humanos, y el Presidente de la República ha enviado señales muy claras, como fue el primer acto de Gobierno del 3 de diciembre de 2018, cuando se emitió el decreto por el cual se crea la Comisión por la verdad y acceso a la justicia en el caso de Ayotzinapa”, agregó, al destacar los protocolos establecidos para la búsqueda así como la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, no Localizadas y Localizadas.