Por: Iñaki Blanco Cabrera
Hace unos días, se publicó un reportaje intitulado El gobierno dinamitó la investigación del caso Ayotzinapa: denuncia exfiscal. En él, se alude a una entrevista que concedió el hoy extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez Trejo, quien expone lo que, en su consideración, fue una serie de irregularidades, presiones o contratiempos a los que tuvo que hacer frente durante el tiempo en que tuvo a su cargo dicha indagatoria.
Sobre el particular, es de llamar la atención que, en ningún momento, el citado exfuncionario público tenga presente que en el desempeño de su encargo incurrió en responsabilidad penal y administrativa.
En este orden de ideas, en principio cabe señalar que no subsanó los errores de las consignaciones que llevó a cabo la anterior administración, obteniendo y ofreciendo pruebas (testimonios, análisis forenses de telefonía, transcripciones de escuchas legales y documentales diversas) en carácter superveniente para evitar la liberación de decenas de procesados, todos ellos integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos.
De igual manera, pudo “reparar” las injusticias propias del caso (liberaciones en cuestión), allegándose de elementos probatorios para proceder penalmente en contra de los sujetos imputados y liberados, acusándolos por otros hechos de carácter delictivo, dado que, en razón de su pertenencia a una agrupación criminal, se sabe de su participación en múltiples secuestros, homicidios, extorsiones y acciones propias de narcotráfico.
A lo expuesto, se suma el hecho de que a pesar de haber sido conminado por la autoridad judicial (Samuel Ventura Ramos) a fin de que instancias independientes realizaran los Protocolos de Estambul de todos los indiciados que alegaron haber sido torturados, éstos no se llevaron a cabo y/o presentaron en el término de ley, lo que propició que el órgano jurisdiccional requirente tuviera por ciertos los señalamientos de tortura y determinara la liberación de decenas de los responsables de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Lo anterior, derivó de parte del contenido de la sentencia que emitió el Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito con residencia en Tamaulipas en 2018, por lo que no puede alegarse que Gómez Trejo no tuvo tiempo para allegarse de los protocolos y evitar que decenas de integrantes de los Guerreros Unidos recuperaran su libertad, entre ellos Gildardo López Astudillo.
Adicionalmente, hoy se sabe que en el mes de septiembre de 2022, la Fiscalía de Asuntos Internos de la FGR practicó una visita de supervisión a la UEILCA y que, como resultado de ello, se advirtió, entre otras cosas, que se hizo un uso excesivo o ilegal de la declaración del testigo colaborador “Juan” o Gildardo López Astudillo, dado que no se practicaron mayores diligencias para corroborar o desestimar los “datos” que aportó, por lo que se trata de un testimonio singular.
Finalmente, no obstante que existe una acusación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra José Luis Abarca, el cual fue recientemente señalado por Alejandro Encinas como autor intelectual de todo lo ocurrido en Iguala, Gómez Trejo omitió impulsar el aseguramiento de los bienes del citado imputado, entre los cuales destaca la Plaza Tamarindos y la mayoría de los locales del Centro Joyero de la enunciada localidad guerrerense.
Como se advierte, el hoy exfiscal consintió y toleró la liberación de diversos integrantes de los Guerreros Unidos, por lo que, válidamente, puede presumirse que se alió con varios de los mismos, entre ellos Gildardo López Astudillo, a pesar de su probada participación en los lamentables acontecimientos de Iguala, reconociéndolos como testigos colaboradores, quienes, en un claro contubernio, le ayudaron a construir una verdad a modo o conveniencia de los grupos u organismos que lo impulsaron para ocupar el cargo en cuestión. Verdad que hoy está plagada de interrogantes.
Ahora bien, por lo que hace a la alusión hacia mi persona que realiza Omar Gómez Trejo y se observa en el cuerpo del reportaje de mérito, estimo conveniente precisar que la principal diferencia entre el trabajo de Gómez Trejo y el de la Procuraduría General de Justicia que encabecé entre 2013 y 2014, es que esta última institución ministerial estaba investigando a los Guerreros Unidos desde antes de los lamentables hechos del 26 y 27 de septiembre, y que, en distintos momentos, se le solicitó a la Procuraduría General de la República que detuviera al entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por sus vínculos con la delincuencia organizada. Así también, cabe recordar que, en ese entonces, el Ministerio Público estatal compartió la información obtenida sobre el modus operandi, zonas de influencia y estructura de dicha agrupación criminal con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Policía Federal.
Por otra parte, como resultado de los trabajos de la PGJEG en la atención del caso Ayotzinapa, es dable mencionar que se rescató y resguardó a 68 jóvenes normalistas en las primeras horas del día 27 y que en los días subsecuentes se detuvo y consignó a un total de 33 personas, entre ellas a los mandos de la Policía Municipal de Iguala y a José Luis Abarca, habiendo identificado en ese periodo a todos los integrantes del grupo conocido como Los Bélicos por nombre y apellido, y entregado tal información a la PGR cuando ésta hizo valer la facultad de atracción, sin que a la fecha se haya documentado un solo caso de tortura imputable a personal de la institución ministerial guerrerense, tal como consta en el informe titulado Doble injusticia, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y en la recomendación que emitió la anterior administración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con relación al caso.
En tanto, Omar Gómez Trejo, al ser omiso, facilitó la salida de la cárcel de un número considerable de miembros de los Guerreros Unidos y a varios de ellos los hizo testigos colaboradores, mismos que se prestaron a declarar lo que él quería oír, sin contar, las más de las veces, con otros medios de prueba para respaldar sus dichos, entre los que destaca el de Gildardo López Astudillo, identificado en el expediente del caso como “Juan”, quien fue su principal aliado para proceder contra ciertas personas a pesar de tratarse de un testimonio singular, aislado y de oídas, plagado de yerros e inconsistencias que lo vuelven inverosímil.
Hoy, Gómez Trejo, se encuentra en el exilio, en tanto, yo, aquí sigo y seguiré. Ojalá que más pronto que tarde, rinda cuentas.
*Texto reproducido con autorización del autor
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