La Procuraduría Fiscal de la Federación reveló un esquema de corrupción en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por más de 15 mil millones de pesos, el cual se llevó a cabo en 12 años.
En la conferencia matutina de Palacio Nacional, el procurador fiscal Félix Arturo Medina detalló que este esquema tenía como objetivo que exfuncionarios obtuvieran una pensión más alta y beneficios fuera de la ley.
Se identificó un esquema de saqueo y defraudación al instituto que afectó su patrimonio durante más de 12 años por aproximadamente 15 mil millones de pesos”, dijo.
“Se trata de un modelo de corrupción en el que extrabajadores del ISSSTE, coludidos con coyotes, abogados particulares y servidores públicos de los Tribunales Laborales tramitaron miles de juicios ante las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje en el norte del país con el propósito de obtener una pensión más alta y beneficios fuera de la ley”, expuso.
Medina Padilla explicó que por esos actos ya se presentaron 31 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que 22 personas han sido judicializadas y hay ocho vinculaciones a proceso en contra de tres personas. Destaca el caso de un exfuncionario de ISSSTE que ya tiene seis vinculaciones a proceso.
“De igual forma, gracias a una estrategia jurídica coordinada se ha evitado que se mine en mil 200 millones de pesos y hemos evitado que se continúe con juicios ante los Tribunales de Conciliación”, refirió.
Revisamos el tema de las pensiones y encontramos cuando menos de pensiones irregulares, ilegales, cien pensiones que rebasan rebasan el monto establecido que es de alrededor de 31 mil pesos mensuales, como máximo para pensión de los servidores públicos”, aclaró.
“En este ejemplo que estamos presentando hay cinco pensiones que están fuera de la norma: Una de 273 mil pesos, otra de 236 mil pesos, otras de 186 mil pesos, otra de 138 mil y otra de 129 mil pesos que fueron otorgadas la primera en el año 2000, la segunda en 1995, otra en el año 2000, otro en el 1999 y otra en 2005, son pensiones irregulares ilegales que fueron sentencias de tribunales”, externó.
Con información de López-Dóriga Digital
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