El INM entregó contratos por casi 2,800 mdp a empresa sin experiencia en albergues, revela investigación de Animal Político; irregularidades y opacidad persistieron.
Entre 2021 y 2025, el Instituto Nacional de Migración (INM) entregó diez contratos por al menos 2 mil 777 millones de pesos a una empresa cuyo objeto social está orientado a la organización de eventos y la preparación y venta de alimentos y golosinas, para instalar albergues y puntos de rescate migratorio. En la Cuenta Pública 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había advertido irregularidades en pagos por 545 millones de pesos a esa misma compañía, hallazgos que fueron documentados y difundidos por diversos medios, incluido Animal Político.
Sin embargo, lejos de detenerse, esta investigación documenta que las contrataciones continuaron en los años siguientes mediante adjudicaciones directas, y el monto total escaló a casi 2 mil 800 millones de pesos. Además, no solo persistieron las irregularidades señaladas por la ASF, sino que se sumaron nuevas anomalías, como la falta de evidencia en campo sobre la instalación de albergues y la opacidad en contratos y comprobantes del gasto.
La empresa beneficiada es Grupo Caufi S.A. de C.V., constituida en 2004 con un capital inicial de apenas 50 mil pesos. Su objeto social incluye múltiples giros, desde la organización de graduaciones y festivales hasta la fabricación, renta y venta de mobiliario, equipo y souvenirs relacionados con eventos, de acuerdo con su acta constitutiva inscrita en el Registro Público de Comercio, de la que este medio guarda copia.
Como parte de esta investigación, reporteros de Animal Político visitaron algunos de los puntos donde, según los contratos, debían operar albergues o centros de rescate migratorio. En los lugares recorridos no se encontró rastro de estas instalaciones.
Además, los socios de Grupo Caufi —empresa que recibió nueve de los diez contratos mediante adjudicación directa— tienen domicilios registrados en colonias populares de Naucalpan, Estado de México, donde no fueron localizados por los reporteros. Tampoco fue encontrada la empresa en ninguno de los domicilios que aparecen en los contratos y facturas entregados al INM.
A ello se suma que, mediante solicitudes de transparencia, el INM ocultó documentación clave, como contratos por casi dos mil millones, y testó comprobantes que clasificó como confidenciales, información que será detallada en una segunda entrega de esta investigación.
Tras las huellas de Caufi
Detrás de Grupo Caufi aparece Carlos Eduardo Caudillo Figueroa, administrador y representante legal de la empresa, según consta en documentos del Registro Público de Comercio revisados por Animal Político. Sin embargo, su rastro en internet es casi inexistente: no hay perfiles profesionales verificables ni entrevistas, y su presencia pública se limita prácticamente a documentos mercantiles y contratos firmados con dependencias gubernamentales.
La revisión de registros abiertos también muestra que los accionistas que aparecen en la documentación oficial de la empresa prácticamente no tienen huella digital. No hay perfiles profesionales verificables, entrevistas ni trayectorias empresariales públicas, y su actividad sólo puede rastrearse en documentos mercantiles y contratos vinculados a Grupo Caufi.
Los registros mercantiles revelan que, en años recientes, alrededor de Grupo Caufi se desarrolló una red de nuevas empresas vinculadas a los mismos nombres que aparecen en la compañía original. Entre 2023 y 2025 fueron constituidas varias sociedades —entre ellas Kiik-ha, Altecmi, Flipper Real Estate, Caufi Real Estate y Dream Crafter— que comparten socios, administradores o comisarios con la empresa contratista del INM, según documentos revisados por este medio.
Hasta ahora no hay evidencia en registros públicos de que estas compañías hayan obtenido contratos del gobierno federal. Sin embargo, la mayoría presenta una huella pública mínima o inexistente: no cuentan con sitios web corporativos ni con trayectoria empresarial verificable en fuentes abiertas.
Una de las direcciones asociadas a Grupo Caufi es avenida de los Maestros 452, colonia Nueva Santa María, en Azcapotzalco, Ciudad de México. Hasta ahí acudieron reporteros de Animal Político para buscar a la compañía.
Otra dirección de Grupo Caufi se ubica en la colonia Olímpica, en Naucalpan, Estado de México, una zona popular de viviendas donde tampoco fue localizada la empresa. A pesar de ello, esa dirección sigue apareciendo como domicilio de la compañía en contratos y facturas relacionados con servicios pagados en 2025 por el Instituto Nacional de Migración.
El inmueble en Azcapotzalco es un pequeño edificio de tres plantas con garaje y una puerta metálica sobre una avenida anodina por la que pasan autos en ambos sentidos. El día de la visita, un barrendero limpia la entrada mientras algunas personas vestidas de traje entran y salen del edificio con portafolios en la mano. En el lugar no hay ningún letrero, placa o anuncio que identifique a Grupo Caufi. Tampoco hay coches, camiones de carga, maquinaria, ni almacenes donde una empresa que instala albergues tendría guardados materiales de obra.
—Buenas tardes, ¿aquí es Grupo Caufi? —preguntan los reporteros a un hombre de traje que está por entrar al inmueble.
—Este… sí —responde el hombre, dudando.
—Somos de Animal Político y queremos solicitar una entrevista.
Minutos después aparece otro hombre, con pantalón de vestir y chaleco negro.
—Estamos buscando a Grupo Caufi —se explica de nuevo.
—Déjenme ver…
—¿Aquí está la empresa entonces?
—Pues yo creo que sí, porque tiene aquí la dirección.
—¿Avenida de los Maestros 452?
—Sí —corrobora—. Déjenme revisar y ahorita les digo.
Minutos después sale un tercer hombre, con pantalón de mezclilla y camisa.
—¿Grupo Caufi? Aquí ya no están —se apresura a decir.
—¿Ya no están?
—No. Yo aquí rento. Bueno, primero rentaba y luego compré. Pero ellos ya no están aquí.
—¿Sabe desde cuándo se fueron?
—Pues qué será… yo estoy aquí desde 2024.
El hombre, que dice llamarse José Luis, explica que el inmueble es de viviendas y asegura no tener ninguna relación con la empresa.
—De hecho, esto siempre ha sido un domicilio particular.
“Aquí no hay ningún albergue”
Las direcciones donde supuestamente debían instalarse los albergues y puntos de rescate migratorio no aparecen en las actas de entrega-recepción entregadas por el Instituto Nacional de Migración. Esos documentos fueron proporcionados con la información testada —tachada en negro— bajo el argumento de que se trata de datos confidenciales.
Sin embargo, los reporteros pudieron ubicar las localizaciones al revisar los anexos técnicos de los contratos, documentos que sí incluyen referencias geográficas de los puntos donde podrían instalarse los albergues.
Los contratos firmados por el INM con Grupo Caufi son, además, abiertos. Es decir, la empresa fue contratada para que, durante un periodo determinado —generalmente un año— cualquier delegación del Instituto en el país pudiera solicitarle la instalación de albergues o puntos de rescate en distintos lugares del territorio nacional.
Uno de los casos revisados por Animal Político corresponde al estado de Puebla. Tan solo en 2025, el Instituto Nacional de Migración pagó a Grupo Caufi al menos 5 millones 651 mil 604 pesos por supuestos servicios relacionados con la instalación de estos espacios en la entidad, según facturas en poder de este medio.
De acuerdo con los anexos técnicos de los contratos, dos de los puntos donde podrían instalarse estos albergues o puntos de rescate se ubican sobre autopistas federales: la caseta de cobro número 27 “La Esperanza”, en la autopista Orizaba-Puebla (kilómetro 217+500), y la caseta número 8 de San Martín Texmelucan, en la autopista Puebla-México (kilómetro 91+100).
En la caseta de cobro conocida como La Esperanza, los reporteros preguntaron a un elemento de la Guardia Nacional.
—¿Hay algún albergue o punto de rescate en esta caseta de cobro?
—No, nada.
Cuando se le explica que la dirección obtenida de los contratos indica precisamente ese punto, el agente encoge los hombros:
—No, pues aquí no hay ningún albergue para migrantes ni punto de rescate.
Una segunda integrante de la Guardia Nacional ofrece una respuesta similar.
—No, tienen que entrar al pueblo de Esperanza. Tal vez allí.
—¿Pero en este punto de la caseta no?
—No, aquí viene una combi con migrantes detenidos, pero ahorita no ha venido.
—¿Y el albergue en el pueblo, es del INM o del municipio?
—Del municipio. Pero no sé si sea albergue.
Los reporteros acudieron también al municipio de Esperanza, en Puebla. Sin embargo, ahí tampoco localizaron ningún albergue.
Lo único que encontraron sobre la autopista —tanto en la caseta de La Esperanza como en la caseta número 8 de San Martín Texmelucan— fueron pequeñas casetas prefabricadas y un generador eléctrico donde elementos del INM mantienen puntos de control y revisión migratoria.
A esos lugares llegan ocasionalmente camionetas con personas migrantes detenidas por transitar sin documentos.
Pero no se trata de albergues ni de centros de rescate humanitario, como los que aparecen en los contratos millonarios firmados con Grupo Caufi.
En los puntos verificados, no hay infraestructura que corresponda a los servicios pagados.
Facturas sin desglose y contratos ocultos
Tras los recorridos, este medio solicitó por transparencia copia de las fotografías y comprobantes de la instalación de cada uno de los albergues y puntos de rescate en 130 puntos del país, entre 2021 y 2025. La respuesta de la dependencia fue la entrega de 7 mil 100 fojas completamente testadas —en negro— bajo el argumento de que se trata de información confidencial reservada por cinco años.
También se solicitó el listado de todos los contratos firmados con Grupo Caufi entre 2021 y 2025. Animal Político rastreó y detectó en distintas fuentes —como Compranet y la propia Auditoría Superior de la Federación— al menos diez contratos por algo más de 2 mil 777 millones de pesos. Sin embargo, el Instituto sólo reconoció cuatro por alrededor de mil millones.
Por ejemplo, en su respuesta omitió un contrato —el CS/INM/016/2024— por 684 millones de pesos. En total, la dependencia federal omitió contratos por 1 mil 937 millones de pesos que están en poder de este medio.
Lo que sí entregó el INM fueron las facturas emitidas por Caufi. Sin embargo, contienen conceptos vagos y genéricos —“instalación de albergues y puntos de rescate”— y no detallan el gasto unitario de los más de 120 insumos incluidos en los contratos, como carpas, domos, cercas o iluminación.
Además, Animal Político detectó que las facturas correspondientes a cada contrato fueron emitidas el mismo día y con apenas minutos de diferencia entre sí, en cascada. La falta de desglose del costo unitario podría constituir una violación del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación (que establece los requisitos de los comprobantes fiscales), ya que hace prácticamente imposible rastrear el destino final de los recursos públicos.
Estas inconsistencias replican irregularidades ya advertidas por la ASF en 2022, cuando documentó que la empresa emitió 184 facturas electrónicas por 545.5 millones de pesos sin detallar bienes ni servicios.
La Auditoría también concluyó que Caufi no contaba con el personal necesario —apenas entre 5 y 11 empleados registrados ante el IMSS— ni con la capacidad técnica u operativa para prestar servicios en todo el país. Tampoco tenía experiencia previa que justificara su contratación por adjudicación directa.
Los auditores tampoco recibieron documentación que comprobara la instalación de los albergues. Así consta en varias actas circunstanciadas obtenidas por este medio. En ellas, los jefes de las delegaciones del INM en Chiapas y Chihuahua señalaron que no se generó documentación comprobatoria sobre la instalación de los albergues y que la verificación se realizó únicamente “de manera visual a través de recorridos”.
Según esas mismas actas, únicamente se elaboraron documentos de entrega-recepción que, sólo en el papel, acreditarían la realización de los servicios. Animal Político solicitó copia de esas actas por transparencia. El INM las entregó, pero la información también aparece testada.
La ASF también documentó otra irregularidad: algunos contratos se firmaron días después de haber entrado en vigor. Por ejemplo, el contrato CS/INM/029/2022 fue firmado el 11 de marzo de 2022, aunque los servicios habrían comenzado el día 1.
A pesar de estos señalamientos —la Auditoría incluso pidió que el Servicio de Administración Tributaria auditara a la empresa porque declaró menos ingresos de los que recibió del INM en 2022—, el Instituto continuó otorgándole contratos millonarios un año tras otro.
Pese a señalamientos, se siguieron firmando contratos
En 2025, por ejemplo, el INM firmó tres contratos millonarios con la empresa: el CS/INM/010/2025, del 1 de febrero, por 220 millones de pesos; el CS/INM/046/2025, del 25 de abril, también por 220 millones; y el CS/INM/054/2025, del 1 de julio, por 540 millones de pesos.
El Instituto justificó las adjudicaciones directas (sólo el contrato por 540 millones fue una licitación abierta) por la “urgencia” de instalar infraestructura para atender un posible incremento del flujo migratorio ante las deportaciones masivas anunciadas por el presidente estadounidense Donald Trump.
Sin embargo, los propios contratos del INM muestran que ese mismo esquema de instalación de albergues ya se venía dando al menos desde 2021. Es decir, para 2025 el Instituto ya había pagado durante varios años cientos de millones de pesos para contar con una infraestructura que, en teoría, debía estar disponible para responder precisamente a este tipo de emergencias migratorias.
Varios de los contratos firmados entre el Instituto Nacional de Migración y Grupo Caufi fueron suscritos por funcionarios del área administrativa del Instituto originarios de Tabasco. Entre ellos aparecen Abraham Ezequiel Zurita Capdepont, quien entonces se desempeñaba como director general de Administración del INM, y Jesús Manuel de la O Pacheco, director de Recursos Materiales y Servicios Generales, área encargada de la gestión de compras, servicios y administración de contratos.
Diversas notas periodísticas han señalado que Zurita Capdepont forma parte del entorno político del senador Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación. Además, mantiene un vínculo familiar indirecto con el legislador: Zurita es hermano de Hilda Zurita Capdepont, quien estuvo casada con Andrés Estrada Rodríguez, hermano de Dea Isabel Estrada, esposa de Adán Augusto López. Tras su paso por el INM, Zurita se incorporó al equipo de López Hernández en el Senado de la República, donde actualmente ocupa el cargo de tesorero de la Cámara alta.
Grupo Caufi, fundada con apenas 50 mil pesos de capital, pasó de recibir 318 mil pesos en 2019 por prestar servicios de cafetería a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario a obtener 252 millones por adjudicación directa del INM en 2021. En solo cuatro años pasó de contratos que apenas excedían el millón de pesos, a acumular al menos 2 mil 777 millones en contratos públicos, la mayoría otorgados por adjudicación directa y sin competencia.
Antes de publicar esta investigación, Animal Político buscó al Instituto Nacional de Migración. El órgano administrativo, dependiente de la Secretaría de Gobernación, —bajo la titularidad de Sergio Salomón Céspedes desde mayo de 2025—, refirió que se encuentra revisando las diferentes contrataciones que se hicieron durante la gestión previa del ya excomisionado Francisco Garduño.
También se buscó a la empresa y a su representante legal, Carlos Eduardo Caudillo Figueroa, para conocer su versión sobre los hallazgos de este reportaje. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Con información de Animal Político
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