La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su gobierno analiza ampliar las acciones legales contra la industria armamentista de Estados Unidos, incluyendo la posibilidad de demandar a una empresa privada vinculada con la fabricación de armamento de uso exclusivo del ejército estadounidense que ha sido localizado en escenas del crimen en territorio mexicano.
La mandataria informó que su administración revisa el contenido de un reporte publicado por The New York Times, en el que se señala que municiones exclusivas del ejército de Estados Unidos, producidas en una planta operada por un contratista privado cerca de Kansas City, han sido rastreadas hasta grupos criminales en México. El objetivo, explicó, es determinar cómo este tipo de armamento cruza la frontera y llega a manos del crimen organizado.
Esta nueva ofensiva legal se perfila como un segundo frente en la estrategia mexicana para frenar el tráfico ilícito de armas de alto poder. Sheinbaum reiteró el principio de corresponsabilidad entre ambos países: mientras México combate el tráfico de drogas hacia el norte, Estados Unidos debe reforzar las acciones para impedir el flujo de armas hacia el sur, particularmente aquellas de alto calibre y uso militar.
La presidenta sostuvo que, pese a los obstáculos enfrentados en tribunales estadounidenses —incluido el reciente fallo de la Suprema Corte de ese país que desestimó una demanda previa presentada por el gobierno mexicano—, su administración mantiene la intención de responsabilizar a fabricantes y distribuidores por presuntas prácticas comerciales negligentes que facilitan el desvío de armas al mercado ilegal.
Asimismo, advirtió que, en caso de que el gobierno de Estados Unidos declare a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, México ampliará las demandas contra la industria armamentista, al considerar que dicha clasificación podría abrir nuevas vías jurídicas.
Sheinbaum subrayó que la estrategia legal no implica aceptar la presencia de fuerzas estadounidenses en territorio nacional. Reiteró que su gobierno prioriza la cooperación bilateral, el intercambio de información y el respeto a la soberanía, como ejes centrales de la relación en materia de seguridad.
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