TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas. – El Diario Oficial de la Federación (DOF) reveló, el pasado 17 de septiembre, que el Gobierno de la República, autoridades locales y de Tuxtla Gutiérrez establecerán un convenio de colaboración para transferir recursos con el fin de atender a la infancia migrante, por medio de “centros de asistencia social, establecimientos asistenciales y lugares habilitados” que operan los sistemas Nacional, Estatal y Municipal para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF).
El documento enfatizó en su punto número 5, que una de las obligaciones del DIF Nacional es aportar 7 millones 846 mil 491.94 pesos y que serán destinados, de forma exclusiva, para el proyecto antes mencionado.
En el punto 4 del convenio se establece que el DIF Nacional podrá supervisar los informes que se generen de la estrategia, así como los resultados finales; se incluyen revisiones en los sitios de asistencia social y reunirse con las personas que encabezan el proyecto, las veces que sean necesarias.
En estas labores, dice el DOF, el DIF Estatal tendrá la obligación de que por medio de sus unidades administrativas brinden asesorías y capacitación cuando así lo solicite la autoridad municipal; también brindarán acompañamiento para la realización de los informes trimestrales y el reporte final.
Dentro de las facultades, dice el Diario Oficial, la parte estatal también puede “supervisar el cumplimiento del proyecto objeto del presente convenio de coordinación, a través de la colaboración institucional y las reuniones (…)”.
La obligación que tendrá el DIF Municipal y el Ayuntamiento, es recibir el subsidio para aplicarlo en el convenio, en el entendido de que deben hacer acciones de verificación y comprobación de gastos.
“Aceptar y facilitar la realización de toda clase de visitas de verificación por parte del ‘DIF Nacional’, ‘DIF Estatal’, la Comisión Nacional y las estatales de Derechos Humanos, así como brindar oportunamente la documentación o información de los requerimientos que le sean formulados por parte de los diversos órganos de fiscalización, así como por el ‘DIF Nacional’, y cualquier otra instancia competente para el cumplimiento y atención de exhortos, medidas cautelares y/o recomendaciones y quejas”, remarca el documento como parte de las obligaciones.
El convenio señala que los recursos también se deben invertir en la infraestructura de los alojamientos, sumado a las acciones de retornos asistidos o aquellos casos que representen la intervención jurídica, para proteger los derechos de los niños acompañados “y no acompañados, a través del mantenimiento, el reacondicionamiento, la habilitación, la ampliación, la remodelación, la rehabilitación, el equipamiento” de los sitios donde se quedarán.
Con información de Cuarto Poder
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