Ciudad de México, 02 de febrero. – La controversia es contra el decreto que reforma la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.
El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó hoy una controversia constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del primer paquete de la reforma electoral (Plan B) aprobado por el Congreso y promulgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La demanda de controversia constitucional es contra del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.
El INE dijo que interpuso dicho recurso porque las reformas “crean condiciones que merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda”.
Destacó que la Constitución es clara en establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, y que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado.
“Siendo que la reforma aprobada desconoce esas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda, so pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos, en franca contravención al derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno, cierta y objetiva”, argumentó.
En su recurso, el órgano electoral nacional consideró que el decreto contraviene el modelo de comunicación social y propaganda gubernamental establecido en el artículo 134 Constitucional, con lo cual se impide al INE ejercer su función de salvaguardar, entre otros principios, la imparcialidad y la equidad en la contienda.
Reclama diversas violaciones al proceso legislativo al haberse aprobado apresuradamente y sin cumplir todas las etapas y formalidades, lo que derivó en la falta de una debida discusión, transgrediendo el principio de democracia deliberativa.
Sostuvo que el grupo parlamentario de mayor representación en la Cámara de Diputados (Morena), “en un evidente fraude a la ley, hizo suya la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para que se le diera trámite urgente y se le dispensaran todos los trámites legislativos correspondientes, por lo que ésta no fue turnada a comisiones para su respectivo dictamen”, planteó.
Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han presentado más de 100 recursos hasta ahora en contra del primer paquete de la reforma a leyes electorales promovida por el presidente López Obrador, quien la denominó “Plan B”, debido a que su iniciativa de reforma constitucional fue rechazada con votos de la oposición.
Con información de El Economista
