Por Pedro Camacho Marín
Al amparo de la ceguera selectiva de autoridades que parecen estar más enfocadas en asegurar la continuación sexenal de su proyecto, en descalificar a sus adversarios reales o ficticios y en justificar absolutamente todas las decisiones cupulares, sin margen de error, la corrupción campea en el propio equipo de la llamada Cuarta Transformación.
El ya trienario episodio de la huelga en Notimex es claro ejemplo de ese fenómeno.
El viernes 11 de agosto de 2023, al cumplir Notimex 1268 días en huelga legítima, el portal Nómina Transparente, de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno de la República, reportaba como funcionarios públicos en activo a un total de 63 personas, que cobran sueldos a pesar de estar impedidas por ley a desarrollar actividades en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Eso es corrupción.
En la relación de funcionarios de Notimex figura, por supuesto, la otrora reportera antioficialista Sanjuana Martínez Montemayor, trasformada por la 4T en arbitraria francotiradora contra una huelga que, si las circunstancias fueran las inversas, quizá habría defendido con su sangre.
Según los datos publicados por Nómina Transparente, no otros datos, Sanjuana Martínez Montemayor, directora general de la agencia, percibe un salario bruto mensual de 130,922 pesos que, una vez aplicados los descuentos de ley, se reduce a 90,990 pesos con 79 centavos; un total de 3 millones 821 mil pesos en cifras redondeadas, desde el inicio de la huelga (el próximo día 21 se cumplen 42 meses) hasta ahora. Primer dato de corrupción.
Pero no es sólo eso. Episodio tras episodio, la reciente historia de Notimex es un catálogo de corruptelas.
Desde el 21 de febrero de 2020, fecha en que estalló la huelga, la directora general debió dejar de percibir sueldo, puesto que la huelga fue declarada existente un mes después por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del propio gobierno federal. Pero no fue así. La señora sigue cobrando y ejerciendo un presupuesto que debiera estar congelado.
Pese a la declaración de existencia de la huelga, la directora de la agencia se negó a parar actividades hasta que, en mayo de ese mismo año, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) ordenó suspender actividades y Sanjuana paró, en junio 8, por mandato de la Junta de Gobierno de Notimex.
Presionados para renunciar al Sutnotimex y afiliarse al sindicato blanco creado por Martínez Montemayor, o simplemente despedidos sin más, 85 trabajadores de Notimex, mujeres en su mayoría, optaron por la huelga y han debido montar campamentos, uno de ellos en una sede ilegalmente habilitada para hacer operar a la Agencia e ignorar los impedimentos que le imponía la ley.
Pero parece ser que la señora Sanjuana Martínez Montemayor no quería ni quiere que nadie “venga con el cuento de que la ley es la ley”. Eso también es corrupción.
Los tabajadores en huelga heredaron, al inicio del sexenio, una organización sindical, el Sindicato Unico de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex), devorado y destruido por la corrupción del grupo encabezado por el hasta entonces líder Conrado García Velasco, quien ocupó durante casi dos décadas el cargo que hoy tiene Beatriz Adriana Urrea Torres, elegida en asamblea por sus compañeros. Desde la Secretaría General del renovado Sutnotimex, Urrea impulsó una profunda limpieza del sindicato. Otro caso de corrupción que, esta vez, los nuevos dirigentes sindicales lograron erradicar.
En respuesta a las arbitrariedades de Sanjuana Martínez y quienes la apoyan, los 85 huelguistas presentaron ante las autoridades laborales sus casos personales. Ganaron 80 laudos y, dentro de ellos, 42 demandas de reinstalación. No ha sido liquidado o reinstalado uno solo, y por razones poco claras, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social mantiene total mutismo. Un dato más de corrupción.
Con insistencia reiterada, el Sutnotimex logró que en más de 30 ocasiones se citara a la señora Martínez para iniciar un diálogo que resolviera la huelga, pero la directora, impedida para trabajar por mandato de ley, pero quien cobra sueldo y ejerce recursos de manera ilegal, nunca asistió. Más corrupción.
La presión llegó al Ejecutivo federal. Su titular se vio obligado a hablar del tema algunas veces, muy pocas, y en dos ocasiones instruyó directamente desde Palacio Nacional a la Secretaría de Gobernación, una con Olga Sánchez Cordero y otra con Adán Augusto López Hernández como secretarios. Hoy, la instrucción la tiene Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación y antes titular de la STPS, pero ya no se trata de resolver la huelga que ella misma validó, sino de disolver la agencia y liquidar a todos.
Hay que recordar que Ricardo Monreal, líder de los diputados de la 4T, dijo en una entrevista informal a mediados de abril de 2023, que no habría solución a la huelga, porque existía la instrucción superior de liquidar a la agencia. El capricho de Sanjuana y su protector, por encima de la justicia y la equidad. Más corrupcion aún.
A finales de abril comenzaron las reuniones para definir el proceso de liquidación, un par de veces con Luisa María Alcalde, quien mostró disposición. A la salida de Alcalde hacia Gobernación, ahora hay juntas con su sucesor, Marath Bolaños, y con su equipo jurídico, pero no hay continuidad ni avances notorios porque en la STPS con frecuencia se cancelan reuniones para dar prioridad a otros temas. Por ejemplo, la programada para el 11 de agosto se canceló porque, adujo la propia dependencia, es más urgente atender el tema de Mexicana de Aviación.
Se suma así otro día a esa carrera de resistencia en la que, desde el principio, Sanjuana Martínez y quien la protege, apostaron por el desgaste y el cansancio de las y los huelguistas… sin conseguirlo.
Acorralada por la inapelable realidad, Sanjuana Martínez no encontró forma de explicar sus arbitrariedades y, con evidente desesperación, buscó en la falsedad, la trampa y el infundio atajos para salir limpia del embrollo. De mayo de 2021 a mayo de 2022, Adriana Urrea padeció acoso judicial y hostigamiento promovidos en medios afines y en las redes sociales por Sanjuana Martínez, quien la acusaba de delincuente sin prueba alguna, para desviar la atención de sus propias acciones ilegales e ilícitas. Nueva muestra de corrupción.
Adriana Urrea fue denunciada en tres ocasiones por la Dirección de Notimex acusada de delitos contra la ley de derechos de autor, por supuesto ejercicio ilícito del servicio público y por mal uso de recursos; fue exonerada de los dos primeros una vez comprobada su inocencia y está a la espera del dictamen de la SFP sobre el tercero, que consiste en la falta de comprobación de 2400 pesos de viáticos. En este punto, es de la mayor relevancia hacer notar que Urrea Torres no pudo hacer esa comprobación a tiempo, porque antes la despidieron de manera injustificada.
Pero la huelga sigue, los 85 trabajadores “adversarios” despedidos sin razón ni justificación no perciben sueldo alguno y la señora Martínez Montemayor continúa cobrando cada mes sus casi 100 mil pesos netos y administrando cada año, en total opacidad, presupuestos crecientes de más de 220 mil millones de pesos. Una suma de 900 mil millones de 2020 a 2023. Por si había dudas de la corrupción.
Y en tanto, en Palacio Nacional impera la ceguera selectiva. Hay corruptelas que se ven, pero hay otras que no se ven. En pocas palabras, como en materia de salud, de seguridad y de transparencia, en el caso de Notimex “vamos requete bien”. Ni se nota la ausencia de una agencia de noticias al servicio del Estado mexicano, ahora están las conferencias mañaneras.
¿Cómo dice usted? ¿Que las “mañaneras” están al servicio del Gobierno y no del Estado? Bueno, minucias… ¿Quién distingue entre el Estado Mexicano y un gobierno sexenal?
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