Ciudad de México, 02 de marzo. – Autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) vincularon a proceso por el delito de desobediencia a cuatro militares que accionaron sus armas en el atentado que dejó a cinco jóvenes muertos en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El procesamiento de los militares por parte de la Sedena es independiente de las responsabilidades a que se hagan acreedores como resultado de las investigaciones que realizan las autoridades civiles, confirmó la dependencia a LatinUS.
Según el Código de Justicia Militar, comete el delito de desobediencia “el que no ejecuta o respeta una orden del superior, la modifica de propia autoridad o se extralimita al ejecutarla”.
La desobediencia en actos del servicio será castigada con un año de prisión, “cuando ocasione un mal grave que se castigará con dos años de prisión”.
Dos días después del atentado, la Sedena reconoció que la madrugada del domingo 26 de febrero militares dispararon contra la camioneta en la que viajaban siete jóvenes en la colonia Manuel Cavazos Lerma, dejando a cinco muertos, un herido de gravedad y un ileso.
Según su versión, los militares escucharon armas de fuego y vieron la camioneta tipo pick up, la cual, aseguraron, iba en exceso de velocidad, con las luces apagadas y sin placas.
“Al observar la presencia de las tropas, (los jóvenes) aceleraron velocidad de manera intempestiva y evasiva, deteniendo su marcha al impactarse después con un vehículo que estaba estacionado”, señaló la Sedena en un comunicado.
“De esta situación, al escuchar un estruendo, el personal militar accionó sus armas de fuego”, reconoció.
La versión de la Sedena contrasta con la del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien documentó que, según los familiares de las víctimas, los jóvenes no iban armados.
Los jóvenes se dirigían a sus domicilios en una camioneta tipo pickup Chevrolet Silverado tras salir de un antro, cuando militares les dispararon en más de 20 ocasiones en el crucero de la avenida Huasteca y Méndez, aseguró el Comité.
Además, horas después de la ejecución extrajudicial de los jóvenes, sus familiares tuvieron un enfrentamiento con los militares, quienes accionaron sus armas para dispersar la población.
Por los hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también iniciaron una investigación.
Con información de Latinus
