CHETUMAL, Quintana Roo, 10 de enero. – Aunque el Congreso de Quintana Roo, no ha sido omiso respecto a la Consulta Popular para rescindir el contrato a la empresa Aguakán, las facultades para hacerlo, corresponden a los tres Ayuntamientos donde el ejercicio resultó vinculante. Sin embargo, en ninguno de los casos, las presidentas municipales han tenido acercamientos formales al respecto con el Poder Legislativo, confirmó la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Cinthya Millán Estrella.
En entrevista Cinthya Millán destacó que a pesar de la falta de competencia los integrantes de la Comisión Anticorrupción presidida por el diputado de Morena, Omar Rodríguez, e integrada por el diputado del PT, Hugo Alday Nieto, Julián Ricalde y ella del PAN, decidieron continuar con el proceso, replantear el dictamen, y analizar crear una comisión especial para iniciar una investigación sobre el contrato de concesión.
“En diciembre en nuestras últimas sesiones de la Comisión, podíamos dejarlo sin materia y archivar el asunto por falta de competencia. Pero, se determinó replantear el dictamen y realizar todas las investigaciones al respecto”, aclaró.
Puntualizó que el Congreso “no ha sido omiso” y que las facultades para rescindir el contrato a la empresa concesionaria de agua potable, es absoluta de los tres Ayuntamientos: Isla Mujeres, Puerto Morelos y Benito Juárez, que por cierto también fueron notificados por el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo).
“Las competencias que tiene el Congreso es aprobar cualquier tipo de concesión que exceda la temporalidad del periodo la administración. Ante ello al ser vinculante la consulta, el Instituto Electoral de Quintana Roo informa a todas las autoridades involucradas, los Ayuntamientos también fueron notificados”, precisó.
A pesar de ello, en ninguno de los tres casos, las presidentas municipales: la ex panista Atenea Gómez Ricalde, Ana Paty Peralta de la Peña en Cancún, Blanca Merari de Puerto Morelos, ambas del Partido Verde Ecologista de México, han iniciado procesos formales para continuar con la vinculación del mandato ciudadano establecido en la consulta.
Cinthya Millán explicó que la ley de Participación Ciudadana no establece un plazo para que los involucrados continúen con el proceso.
Pero, en el Presupuesto 2023 ninguno de los tres municipios, ni el Gobierno de Quintana Roo, contemplo recursos destinados a obras, o infraestructura que pudiera remplazar los servicios de Aguakán.
