CHETUMAL, Quintana Roo, 08 de diciembre. – Con opinión divida entre partidos de la 4T, y tres votos en contra los Diputados de la Décimo Séptima Legislatura, aprobaron la integración de la Comisión Transitoria Especial para “atender” el caso del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Ernesto Villanueva Madrid, a propuesta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado.
Con 20 votos a favor, y tres en contra del diputado del PT, Hugo Alday Nieto, Ricardo Velasco de Morena y Yohanet Torres Muños del Partido Verde, el Congreso integrará la comisión especial.
Al respecto el diputado Hugo Alday Nieto, puntualizó que, “desde su criterio, no es una facultad del Poder Legislativo, intervenir en una facultad que es exclusiva del Poder Judicial, el Ministerio Público de la Federación, y Defensores de Derechos Humanos particulares, no a través de un Poder Legislativo.
Mientras el diputado de Morena, Ricardo Velasco, dijo que “es preocupante que desde el Poder Legislativo se promuevan este tipo de comisiones, pues en el estado hay personajes que se encuentran en similares como Beto Borge, y “al rato” van a estar creando comisiones “pro- Beto Borge”, y eso es una facultad que solo compete al Poder Judicial”.
En contraste, los diputados del Partido Verde, y Morena, defendieron los derechos humanos del ex gobernador acusado de narcotráfico, y lavado de dinero en la década de las 90.
“El caso es muy polémico porque es responsabilidad de otro Poder del estado, el que nos pidan como poder representante del pueblo, nos pidan acompañar en calidad de vigilante del cumplimiento de la ley a los derechos humanos de una persona, no tendría que implicar una responsabilidad política”, sostuvo el coordinador de Morena, Humberto Aldana Navarro.
Por último, aunque el diputado, Julián Ricalde Magaña cuestionó la postura del Congreso, en caso de se tratará del ex gobernador Roberto Borge quién también solicitará el apoyo humanitario, al encontrarse en la misma situación de Villanueva Madrid, finalmente también voto a favor, debido a que el Congreso solo será “vigilante” de que se cumpla la protección de Derechos Humanos de una persona.
