Este domingo 4 de enero de 2026, coincidiendo con la conmemoración del Día del Periodista, diversas agrupaciones de profesionales de la comunicación y activistas de derechos humanos realizarán una jornada nacional de protesta contra el uso de procesos penales para intimidar a la prensa.
La movilización principal tendrá lugar en la Ciudad de México, con un recorrido que partirá del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo entre las 9:00 y las 12:00 horas. De forma paralela, se llevarán a cabo actos de apoyo en las capitales estatales y otras ciudades del país, donde se convoca a reunirse en plazas públicas y sedes gubernamentales.
La iniciativa responde a lo que los organizadores califican como una estrategia de criminalización contra el periodismo, mediante la aplicación de figuras legales graves que ponen en riesgo la libertad de expresión y pretenden silenciar la labor informativa.
Con lemas como “Periodismo no es terrorismo” y “Basta de censura legal”, se busca visibilizar y denunciar los recientes casos que han alarmado a la comunidad periodística nacional. La convocatoria está dirigida a comunicadores, estudiantes, defensores de derechos y ciudadanos en general, con el fin de transmitir un mensaje unificado: el ejercicio del periodismo no debe ser perseguido penalmente.
Casos recientes que motivan la protesta
Dos procesos judiciales en Veracruz y Puebla han centrado la atención y catalizado el llamado a movilizarse:
Veracruz:
El reportero Rafael “Lafita” León fue detenido el 24 de diciembre por miembros del Ejército frente a su vivienda. Su hijo, Gardiel Josué León, denunció que en el operativo fueron incautados su vehículo y dinero en efectivo. Inicialmente se le imputó el delito de terrorismo, cargo que fue desestimado por un juez de control el 30 de diciembre, aunque el comunicador permanece vinculado a proceso por otras acusaciones.
Puebla:
Rodolfo Ruiz Rodríguez, director del medio digital e-consulta, enfrenta un proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Un juez decretó el 23 de diciembre su vinculación a proceso, estableció 45 días para investigación complementaria y le impuso medidas cautelares, como firma periódica y prohibición de salir del país. Ruiz Rodríguez ha declarado que no se han presentado pruebas o testigos que sustenten la acusación, la cual atribuye a represalia por coberturas críticas hacia autoridades estatales.
Fuente: eConsulta
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— Saber Político (@saberpolitico) December 26, 2025
