CIUDAD DE MEXICO,21 de Septiembre.-En la lista, al menos están el INEE, CPTM, ProMéxico, Seguro Popular, Insabi, 10 subsecretarías; además, suspendió la aplicación de 14 encuestas del Inegi, canceló o recalendarizó proyectos del Coneval; eliminó 109 fideicomisos de distinta índole y decidió desaparecer la Cofece, IFT, INAI, Coneval, CRE, CNH, Mejoredu y el INE, aunque eso debe ser aprobado por el Congreso.
Con los argumentos de eliminar la corrupción y ejercer austeridad republicana, el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, llevó a cabo un proceso de eliminación de instituciones del Estado mexicano que, todo parece indicar, continuará en la siguiente administración federal.
Desapareció, al menos, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), ProMéxico, el Seguro popular que cambió por el Instituto de Salud para el Bienestar que también desapareció y sus tareas fueron asignadas al IMSS-Bienestar; 10 subsecretarías; suspendió la aplicación de 14 encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), canceló o recalendarizó proyectos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), determinó la desaparición, primero de 281 y luego de 109 fideicomisos de distinta índole.
Además, decidió la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Coneval, Comisión Reguladora de Energía (CRE), Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación Mejoredu, lo cual está por aprobarse en el Congreso de la Unión.
También determinó eliminar al Instituto Nacional Electoral (INE) y en su lugar crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta, lo cual también debe ser aprobado por el Congreso. Eso luego de que fuera rechazada en el legislativo la reforma electoral propuesta en 2022 y luego de que fuera declarada la inconstitucionalidad de una serie de reformas en la materia promulgadas en marzo de 2023.
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, “el aparato gubernamental, tal y como se recibió el 1 de diciembre de 2018, estaba plagado de instituciones redundantes, de duplicidad de funciones y de oficinas y partidas presupuestales sin propósito o resultados”.
Por ello, señala el mismo documento, el gobierno federal eliminará los despachos inútiles, concentrará las funciones y tareas en las dependencias centralizadas y reorientará los presupuestos dispersos a los programas significativos y de alto impacto social y económico.
Fue un debilitamiento de las capacidades institucionales del Estado Trampósa, señalan
Para Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fue tramposo desaparecer esas instituciones porque el argumento de la corrupción no se materializó y menos el de la austeridad, pues hoy el presupuesto que ejerce el gobierno es sustantivamente más grande que el que ejerció al principio del sexenio, con un incremento de alrededor de 30% en términos reales.
Al principio del sexenio, el llamado capítulo 1,000 de sueldos y salarios, era de un billón 109,000 millones de pesos y hoy tiene un billón 202,000 millones de pesos.
Lo que pasó, destacó, es que, en nombre de la austeridad republicana no se hizo una administración pública más austera, sino que lo único que se hizo fue quitarle dinero a las dependencias y entidades públicas que no le interesaban al presidente para rediccionarlas hacia las que sí le interesaban, particularmente hacia el sector militar.
Tenemos una administración pública pauperizada, donde la capacidad burocrática para enfrentar problemas es mucho menor que al principio del sexenio, abundó.
En su opinión, lo delicado es que sí ha habido una reconfiguración de la administración, que ha dado como resultado pérdida de capacidades, tanto por afectaciones de la estructura burocrática, como en la organización, debido a la centralización excesiva.
Con información de EL ECONOMISTA.
