CIUDAD DE MÉXICO, 1 de octubre de 2026.- El Senado de la República aprobó en lo general una reforma a la Ley de Inversión Extranjera que incorpora a las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y Marina (Semar) a la comisión encargada de evaluar determinadas operaciones de capital extranjero cuando puedan representar riesgos para la seguridad nacional.
La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, obtuvo 65 votos a favor de Morena y sus aliados y 30 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, durante la sesión de este 30 de septiembre.
Uno de los principales puntos de discusión fue la incorporación de las Fuerzas Armadas a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), debido a que Defensa y Marina no serán únicamente órganos consultivos, sino que tendrán voz y voto en las decisiones que tome este organismo.
Desde la tribuna, el senador de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio Riojas cuestionó la modificación y sostuvo que representa una nueva ampliación de las funciones otorgadas a militares y marinos.
De acuerdo con Colosio, la reforma permite una “militarización” de la economía, pues las Fuerzas Armadas tendrán participación directa en decisiones relacionadas con quién puede realizar determinadas inversiones en México.
La postura del legislador emecista contrasta con la argumentación de quienes impulsaron la reforma, que sostienen que el nuevo mecanismo busca proteger sectores estratégicos frente a operaciones extranjeras que eventualmente puedan representar una amenaza para la seguridad nacional.
Defensa y Marina tendrán voz y voto en revisión de Inversiones Extranjeras
La modificación amplía la composición de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Además de Defensa y Marina, incorpora a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), cuyos titulares también tendrán voz y voto.
La iniciativa presidencial busca establecer un procedimiento específico para analizar adquisiciones realizadas con capital extranjero cuando estén involucrados asuntos considerados sensibles para la seguridad del Estado.
El esquema contempla particularmente operaciones en las que la inversión extranjera pretenda adquirir más del 49% del capital social de una empresa mexicana, siempre que se rebase el monto que determine la propia Comisión y existan elementos relacionados con seguridad nacional.
La reforma amplía así el enfoque bajo el cual México analiza determinadas inversiones: además de los aspectos económicos, se incorpora expresamente una evaluación sobre los posibles riesgos para la seguridad nacional. Especialistas han señalado que el modelo se aproxima a los mecanismos de revisión de inversión extranjera que ya existen en otras economías.
Inteligencia artificial, semiconductores e infraestructura estratégica
El nuevo mecanismo cobra relevancia especialmente para inversiones vinculadas con infraestructura estratégica, energía, telecomunicaciones, tecnologías críticas, semiconductores, inteligencia artificial, ciberseguridad e información sensible.
Precisamente por la naturaleza tecnológica de algunas de las operaciones que serán analizadas se decidió incorporar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones a la Comisión, con capacidad de participar en las decisiones.
Además, cuando se discutan asuntos vinculados con seguridad nacional, podrán participar otras instituciones relacionadas con inteligencia, fiscalización y combate a operaciones ilícitas.
Entre ellas se encuentran la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Estas dependencias funcionarían como invitadas permanentes en las sesiones correspondientes, aunque su participación sería distinta a la de Defensa, Marina, Seguridad y la ATDT, que sí se incorporan a la Comisión con capacidad de voto.
Un nuevo filtro para el capital extranjero
La reforma crea, en los hechos, un procedimiento específico de escrutinio de inversión extranjera por razones de seguridad nacional, un elemento que hasta ahora no tenía el mismo desarrollo formal dentro de la legislación mexicana.
También establece un plazo de 45 días hábiles para resolver las solicitudes relacionadas con seguridad nacional. Durante la discusión en comisiones, los legisladores que respaldaron el cambio argumentaron que este periodo busca permitir una evaluación suficiente de los riesgos sin prolongar innecesariamente la incertidumbre para las empresas.
La discusión ocurre en un momento en el que la inversión extranjera mantiene un peso relevante para la economía mexicana. Datos de la Secretaría de Economía citados durante el proceso legislativo indican que durante el segundo trimestre de 2026 la inversión extranjera en México ascendió a 34 mil 968 millones de dólares.
El debate en el Senado quedó así dividido entre quienes defienden la necesidad de contar con mayores controles frente a inversiones que puedan comprometer sectores estratégicos y quienes, como Colosio, cuestionan que ese escrutinio otorgue capacidad de decisión directa a las Fuerzas Armadas.
Con la aprobación en lo general, el Senado dio un paso para modificar la manera en que México revisa determinadas operaciones de capital extranjero: Defensa y Marina pasarían de desempeñar funciones estrictamente vinculadas con la seguridad y la defensa a participar también, dentro de la CNIE, en decisiones sobre inversiones consideradas sensibles para la seguridad nacional.
Fuente: Político mx