Diana García
CHETUMAL, Quintana Roo,10 de Marzo. –Tras múltiples protestas de familiares de personas desaparecidas en Quintana Roo, la entidad va por una nueva Ley de Desaparición de Personas, con el objetivo de garantizar un mecanismo de búsqueda eficaz, y combatir negligencias, omisiones, opacidad, y revictimización.
Al respecto, el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Hugo Alday Nieto impulsor de la iniciativa, destacó que el documento es el resultado de las mesas de trabajo con víctimas indirectas de desaparición forzada y cometida por particulares en la entidad, integrantes del Colectivo, Verdad, Memoria y Justicia de Quintana Roo.
Se trata de 125 artículos, cinco títulos donde se norma la operatividad de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y se establecen responsabilidades para servidores públicos que incumplan con el mecanismo.
“Establece la creación de un consejo consultivo ciudadano que coordina la Comisión de Búsqueda, las reglas en las que van a operar los grupos de búsqueda, así como las facultades de la autoridad para poder hacer una búsqueda y localización de personas fallecidas y no reclamadas. A la par de ello esta ley se homologa con la ley federal, pero estableciendo las figuras estatales”, indicó.
Destacó que en la construcción de la ley participación autoridades como el Poder Judicial del estado, la Fiscalía General del estado, Derechos Humanos. Pero, quienes más aportaron información fueron los familiares de personas desaparecidas a través del Colectivo Verdad, Memoria y Justicia.
“Con esto podemos dejar muy claro cómo deben actuar, responsabilidades y obligación, en las víctimas indirectas de desaparición forzada, sus derechos y obligaciones”, puntualizó.
Para el colectivo, encabezado por la ley representa una “luz” en la oscuridad que enfrentan. Ya que era necesario ampliar el articulado en la materia debido a que la legislación en la entidad, “no tiene la actualización de las circunstancias que Quintana Roo vive”.
“Norman la forma en que actuarán los Comités de Búsqueda, establece un banco de datos y hace vinculación con la base de datos forenses que se creará en el estado. Establece responsabilidades en los funcionarios públicos que no cumplan con su labor”, precisó Romana.
La activista explicó que sin esta ley los familiares de personas desaparecidas han enfrentado violaciones de derechos humanos, opacidad, perdidas de evidencias, revictimización en el proceso de investigación, negligencias y a no ser atendidas por personal capacitado en la Comisión de Búsqueda de Personas y la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas.
“El llamado a los diputados es a que esta ley no se congele, y avance”, destacó.
Por último, Alday subrayó que las colaboraciones entre los colectivos, asociaciones civiles, las aportaciones de los Magistrados del Poder Judicial, la Fiscalía General del estado, la Comisión de Derechos Humanos, y el apoyo de la Consejería Jurídica se ve la voluntad que existe por parte del Estado, para tener un cuerpo normativo que ayude a transitar en este problema que es muy grave y afecta a todo el país.
