PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo, 28 de marzo.- Organizaciones ambientalistas exhibieron una lista de proyectos calificados como ecocidas, y denunciados ante las autoridades ambientales federales y aprobados por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Quintana Roo durante el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador,
El escrito, firmado por su presidenta Aracely Domínguez, de Grupo Ecologista del Mayab (Gema), las organizaciones ambientalistas señalaron a la Semarnat de promover el odio contra los ambientalistas, a pesar de que tienen, en el caso de Quintana Roo, una larga carrera en defensa del medio ambiente.
Los ambientalistas recuerdan las denuncias presentadas por las obras de Grupo RIU en Punta Nizuc, Grupo Posadas en predios colindantes al Área Natural Protegida (ANP) Xcacel- Xcacelito, el Proyecto LaKam- Ha en Playa Palancar de Cozumel, la aprobación del Cuarto Muelle de Cozumel, el relleno de las Bahías de Chemuyil y Chemuyilito; así como el Home Port aprobado a Grupo Xcaret.
A continuación el texto íntegro dirigido a la opinión pública:
CONDENAMOS EL DISCURSO QUE CRIMINALIZA, DISCRIMINA Y POLARIZA LA LUCHA DE DEFENSORES DEL DERECHO AL AMBIENTE SANO, POR PARTE DE SEMARNAT.
En un país de instituciones y leyes, el comunicado de la SEMARNAT sobre su cuestionamiento ¿Dónde estaban los “pseudoambientalistas“, cuando hace años empezó la verdadera devastación en el sureste de México? Es indignante y agresivo.
La SEMARNAT descalificó el valor y la participación ciudadana en la defensa de los derechos humanos, como el derecho al ambiente sano, contribuyendo a la criminalización, discriminación y persecución de personas defensoras de derechos humanos, así como contribuyendo a la polarización social, COMO SI DIFERIR EN OPINIONES Y LUCHAR POR EL AMBIENTE FUERA UN DELITO.
La SEMARNAT usa un lenguaje que promueve el odio poniendo en riesgo la vida de los que defendemos el medio ambiente y el desarrollo sustentable, como el caso de Samir Flores quien fue asesinado en Guerrero en 2019.
Es muy irresponsable, cuestionar la participación ciudadana, considerando que el deterioro de los ecosistemas se hizo a pesar de los esfuerzos de ambientalistas y de la sociedad civil organizada que ha venido trabajando en Quintana Roo, desde 1983.
El notable deterioro se debe a las ilegalidades que cometieron las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como al desarrollo urbano y turístico desordenado, que ha sido producto de intereses económicos y políticos avalados por la autoridad en cada administración.
El comunicado expresa específicamente la devastación en el sureste Mexicano en administraciones pasadas, no obstante, en ésta ocasión, expondremos algunas autorizaciones que la presente administración ha otorgado de manera irregular a distintos proyectos, razón por la cual se encuentran en litigio, con múltiples amparos.
Algunos ejemplos de proyectos devastadores autorizados por la presente administración son:
1.-La terminal de Cruceros, 4º. Muelle de Cozumel, que se autoriza aun cuando se puede destruir la biodiversidad marina, así como la zona cultural de Cozumel, donde históricamente se dan las clases de iniciación en el buceo y ciertamente no es necesaria ya que los muelles ya existentes no están ni remotamente cerca de estar saturados y están sub utilizados.
2.- Proyecto LaKam- Ha en Cozumel, autorizado sobre selvas manglares y humedales, violando la NOM 022 y otras leyes. El senado de la República acusó posible corrupción en el proyecto que a decir de los senadores representa un serio peligro para el patrimonio ecológico de Cozumel, cuestionando la actuación de la SEMARNAT en su aprobación.
3.- Mejoramiento y Estabilización de la zona de playas y marina de las Bahías de Chemuyil y Chemuyilito emitido el 9 de octubre de 2019, permitiendo ilegalmente violentar los programas de manejo de dos área naturales protegidas, para hacer, caletas, duna y playa artificiales, espigones de concreto que demostraron no servir para retener arena, retiro de rocas que tienen una función importante en el ecosistema, para crear asoleaderos que se rellenaron con sascab, todo ellos sobre la costa en una playa importante de anidación de tortugas marinas dentro del área de influencia de XCACEL, que a la larga puede ser afectada.
4.- Hotel Grand Island: SEMARNAT autorizó, 3000 habitaciones sin manifestar cómo resolverán el manejo de aguas negras, en la zona hotelera de Cancún, que en opinión expresa de FONATUR, no puede darle servicio de drenaje, ya que sus tres plantas están sobresaturadas, por ello, FONATUR lo califica como un proyecto que atenta contra los ecosistemas de Isla Cancun. Así que mientras Fonatur busca frenar desarrollos, donde los servicios urbanos están saturados, SEMARNAT, sigue autorizándoles como el Hotel Riu.
5.- El muelle de Xcaret. Autorizado por la Dirección de Riesgo e impacto ambiental de la SEMARNAT, para construir el muelle rellenando, en una zona de cambio de corrientes marinas frente a dos importantes zonas arrecifales la de Sábalos y la de Tortugas, que a la larga podría generar pérdida de playas en Playa del Carmen.
6.-SEMARNAT autorizó la primera fase (tramo 1-3) del Tren Maya en varios tramos, a pesar de concluir en su resolutivo serias carencias y negligencias en la MIA, de igual forma FONATUR comenzó obras en el tramo 4 sin contar con autorización y en el tramo 5 sin siquiera someter a evaluación de impacto, ante lo cual PROFEPA ha sido omiso en sancionar dichas obras, a pesar de las cientos de denuncias.
7.- Entre muchos otros. Ser ambientalista y defender los derechos humanos, hacer educación ambiental, es una actividad que desarrollamos por voluntad, no hay ninguna obligación de hacer lo que hacemos, excepto nuestra responsabilidad cívica, por ello, nadie puede reclamarnos nada.
No nos oponemos al desarrollo, no nos oponemos, en el caso de nuestra organización a la construcción de un tren, lo que sí, es que nos oponemos a que se construya de manera ilegal, violentando las leyes que tanto esfuerzo han costado a mexicanas y mexicanos, para buscar que las actividades humanas sean lo menos impactantes posibles, presentando mitigaciones para ser compatibles con el medio ambiente y garantizar el derecho al ambiente sano del que depende nuestra vida.
Nosotros, como ciudadanos hacemos nuestra parte, cuidamos y protegemos el medio ambiente, nos organizamos, trabajamos con el congreso estatal y federal, la regiduría a municipales, en la creación de herramientas jurídicas, bajo la premisa de que las leyes y reglamentos se hacen para garantizar la convivencia entre las personas desde 1986.
Lo menos que esperamos es que el Gobierno sea el primero en cumplirla.
